El bloque anexo al palacio Salvetti, a medio construir, no será derribado en su totalidad, pero tampoco se levantará tal y como estaba concebido. La promotora responsable de las obras, paralizadas de forma cautelar por el Ayuntamiento de Alicante ante su posible afección al edificio protegido, podrá seguir trabajando, pero habrá de demoler los dos pisos superiores, que son los que iban a bloquear la visión de una de las fachadas palacio desde la calle Gerona.
El coste de esta demolición lo abonará íntegramente el Consistorio, en virtud de un acuerdo al que ha llegado la Concejalía de Urbanismo con la promotora Alzar y que cuenta con el apoyo de todos los grupos municipales. La promotora renuncia, a cambio, a percibir indemnización alguna por la paralización de las obras y la modificación del proyecto para el que obtuvo licencia.
Esta es la solución, definida como un «mal menor» tanto por el equipo de gobierno como por la oposición, a la que se ha visto abocado el Ayuntamiento después de que haya fracasado su intento de dejar sin efecto la licencia de obra que le otorgó en enero de 2010 a la constructora por haber caducado.
El proceso de paralización de las obras comenzó el pasado mes de octubre, cuando los tres grupos de la oposición, PSOE, EU y UPyD, presentaron a Pleno una moción conjunta en la que reclamaban el cese de los trabajos, porque afectaban a una de las fachadas del palacio Salvetti.
Una moción aprobada también por el PP, que ordenó la suspensión cautelar de las obras y en noviembre inició un expediente para dejar sin efecto la licencia por caducidad. Sin embargo, la promotora alegó contra este expediente y, según explicó ayer la concejal de Urbanismo, Marta García-Romeu, «ha dado muestra de que ha habido continuidad en las obras, por lo que hemos estimado su alegación y sobreseído el expediente».
Ante esta situación, el Consistorio se enfrentaba a la disyuntiva de permitir que continuasen los trabajos u ordenar su paralización, con la correspondiente indemnización para la promotora, que recibió una licencia municipal para llevarlos a cabo.
Finalmente, se ha negociado para alcanzar una solución intermedia. La promotora renuncia a la parte de los derechos reconocidos por la licencia concedida y accede a suprimir parte de la edificación, en concreto, las dos últimas plantas. En consecuencia, se derribarán las plantas tercera y cuarta y se mantendrán el sótano, la planta baja, la primera y la segunda. Además, se especifica en el acuerdo que la fachada y cubierta del edificio será lo más «diáfana y transparente posible para que quede visible la mayor parte de la fachada lateral de la casa Salvetti». Las obras serán ejecutadas por Alzar, pero las pagará el Consistorio. A cambio, la promotora renuncia a cualquier indemnización.
Pese al acuerdo, hay que recordar que aún está sin resolverse el proceso penal abierto sobre las obras por la Fiscalía de Medio Ambiente por un presunto delito contra el patrimonio. Además, el portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, señaló ayer que continuará adelante con su recurso contencioso-administrativo contra la licencia que ampara unas obras que considera «ilegales» porque «alteran a la volumetría del edificio protegido».
Pavón considera que con la demolición de las dos plantas superiores de la nueva edificación adosada al palacio se podrá visualizar parte de su tercera fachada - que hoy queda oculta en su totalidad -, pero señala que la parte de esa tercera fachada que corresponde a la planta noble del palacio continuará quedando oculta tras la nueva edificación, por lo que «la agresión patrimonial continuará existiendo», señala.
El concejal socialista Pablo Rosser, por su parte, expresó su satisfacción por el acuerdo de todos los grupos políticos para evitar «un mal mayor». Rosser destaca que es la «primera vez en la historia de la democracia que se decide derribar parte de una construcción por su afección al patrimonio» y considera que «sienta un precedente importante».
Aunque le hubiera gustado que se derribase también la segunda planta, «todos somos conscientes de que no era fácil porque el particular tenía la licencia y, además, en una negociación las dos partes tienen que ceder», apunta.
En cualquier caso, mantiene Rosser, «es preciso disponer de mecanismos más estrictos, tanto para la concesión de licencias en entornos de protección, como para su aprobación en la Comisión de Estética», para evitar situaciones como la actual. En tal sentido, el grupo socialista propone que, más allá de la composición de la Comisión de Estética y la representación de los distintos grupos municipales existentes en cada mandato, se exija la unanimidad en las decisiones que allí se adopten.
