La juez que investiga el asesinato del alcalde de Polop Alejandro Ponsoda ha rechazado imputar al testigo protegido, un portero de un burdel que, con su versión, ha apuntalado la acusación contra los presuntos autores intelectuales de la muerte de Ponsoda, entre los que figura su sucesor en la Alcaldía, Juan Cano (PP).
«No ha lugar a recibir declaración en calidad de imputado al testigo protegido toda vez que dicha declaración ya fue solicitada con anterioridad por la defensa de uno de los coimputados y ya fue denegada la misma sin que a día de hoy hayan variado las circunstancias que fundamentaron la denegación», explica la titular del juzgado de instrucción número 2 de Villajoyosa, María Antonia Raedo, en una providencia dictada
Ponsoda fue tiroteado en octubre de 2007 cuando regresaba en coche a su vivienda, y falleció días después en el hospital. En noviembre de 2009, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a su sucesor en la Alcaldía, Juan Cano (PP), como presunto autor intelectual. Los investigadores arrestaron también al propietario y al encargado del club Mesalina, donde supuestamente se fraguó el complot, a un empresario zapatero de la localidad y a los tres presuntos sicarios que perpetraron el crimen, un español y dos checos.
Precisamente fue la abogada de uno de los supuestos ejecutores checos, Mariana Ivanov, quien solicitó la imputación del testigo protegido como cooperador en el crimen.
De hecho, el propio portero del club relató en el juzgado que los implicados le propusieron a él la ejecución del asesinato, pero rechazó la propuesta al no llegar a un «acuerdo» en el pago. Fue entonces cuando, según su versión, sugirió que le propusieran el 'encargo' a los tres supuesto matones: Robert Franek, Radim Rakowski y Raúl Montero.
Por este motivo, la letrada que defiende a Franek considera que el testigo protegido «se ha autoinculpado en el mismo delito y en los mismos hechos en los que ha implicado a los demás imputados en la causa», según especifica en el recurso de reforma que ha presentado contra la decisión de la magistrada de no imputarle.
En su escrito, la defensa del supuesto sicario detalla los «indicios racionales de criminalidad» que existen contra el portero. Así, apunta que «presuntamente ha tenido conocimiento del crimen objeto de la presente causa mucho antes de su comisión, por lo que se puede afirmar sin lugar a dudas, de ser ciertos los hechos relatados, que estaba en manos del testigo protegido impedir la comisión del atroz crimen».
Asimismo, el recurso incide en que este individuo «no solo tenía conocimiento del crimen planeado, sino que tuvo su especial participación en aquel, escogiendo a los presuntos ejecutores materiales».
La abogada concluye diciendo que «si este juzgado, en su día, ha tomado como válida la declaración del testigo protegido y se ha servido de ella para imputar a varias personas en unos hechos de extrema gravedad, debería de haber procedido de forma inmediata a la lectura de derechos y toma de declaración del testigo protegido como imputado en la misma causa».
Actualmente, seis de los siete detenidos están en libertad provisional, excepto Raúl Montero, que cumple condena por tráfico de armas y drogas.
