Le han despedido y está dispuesto a tirar de la manta. El casero de Rafael Gregory, uno de los empresarios imputados en 'Brugal', ha acudido a los juzgados y a la Policía para desvelar que su exjefe realizó una venta falsa de una finca en Alcoy en la que él trabajaba como guardés. Según las investigaciones policiales, Gregory vendió esta parcela, en la que hay una casa de campo, al empresario oriolano Ángel Fenoll, también imputado en 'Brugal'.
El objetivo era deshacerse sobre el papel de todas sus propiedades para evitar que las embargasen cuando su empresa de transporte, Autisa, entró en concurso de acreedores, un asunto en el que Gregory, su hermano y también su padre fueron detenidos por estafa a una financiera.
El empresario supuestamente vendió esta finca de Alcoy a Ángel Fenoll, pero, según fuentes cercanas al caso, ambos firmaron un contrato privado en el que se reconocía que la propiedad seguía siendo de Gregory.
Ahora, el casero de esta finca, que al parecer ha sido despedido recientemente, ha acudido a la Policía y al juzgado que lleva el caso para desvelar que, efectivamente, son los Gregory quienes continúan disfrutando de esta casa de campo. De hecho, a Ángel Fenoll, supuesto comprador, no se le ha visto el pelo por allí, según el extrabajador.
Sin embargo, los investigadores y el juzgado no han incorporado su testimonio porque consideran que hay indicios suficientes a través de las escuchas telefónicas y la documentación incautada para probar este presunto delito.
De hecho, el entramado para ocultar las propiedades y bienes de Gregory se descubrió a raíz de los 'pinchazos' a Ángel Fenoll por las presuntas irregularidades en la contrata de basuras de Orihuela y en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.
Así, mientras la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigaba a Autisa por una supuesta estafa a una financiera en el 'renting' de camiones, la Policía Nacional descubría, a través de las escuchas, todas las maniobras presuntamente orquestadas por los Gregory para que su patrimonio quedara a salvo de los acreedores.
En noviembre de 2010, los hermanos Gregory, Ángel Fenoll y otras diez personas fueron arrestadas por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, entre ellas algunos presuntos testaferros. También interrogaron como imputados a dos abogados de Madrid que presuntamente habrían asesorado a los investigados.
Según el sumario, los Gregory habrían traspasado «todas aquellas propiedades a nombre de las mercantiles como paso previo a una suspensión de pagos, una vez que ya se han recibido citaciones de procesos declamatorios».
El 'modus operandi' del alzamiento, según concluyen los investigadores de la Policía Nacional, habría consistido en emplear «mercantiles de reciente creación y otras pertenecientes al grupo empresarial de Fenoll a nombre de testaferros para inscribir la propiedad de terrenos, naves industriales» e incluso vehículos.