MEDIDA
MEDIDA
La ecuación es sencilla: no gastar más de lo que se ingresa. Lo que desde siempre ha servido a las economías domésticas parece que será la tabla de salvación de la Generalitat para tratar de hacer camino en la salida de la crisis. Ninguna conselleria, empresa pública o fundación podrá gastar más de lo que tiene presupuestado mensualmente.
Para ello, se creará una comisión interdepartamental dependiente de Presidencia, y coordinada por la Conselleria de Hacienda, que reunirá una vez cada dos meses a los altos cargos de las diez carteras autonómicas para «controlar y certificar» que nadie se pasa en el gasto de las cuentas de la Generalitat.
La idea es que ninguna conselleria consuma su presupuesto a mitad del ejercicio, como ha pasado en algunos casos anteriormente. Pero tampoco las empresas públicas y fundaciones, en buena parte culpables del agujero económico del Consell. Y es que la medida se extiende también a las 46 empresas públicas y 20 fundaciones dependientes de la administración, a través de la secretaría autonómica de Sector Público Empresarial, de Hacienda.
Esta actuación es complementaria a la de la creación del cuerpo especial de interventores contra el gasto que se aprobó la pasada semana. «Es una lucha sin cuartel contra el déficit», señaló el vicepresidente del Consell, José Ciscar.
Con estas intervenciones, la Generalitat pretende adelantarse a la ley de estabilidad presupuestaria que en breve aprobará el Gobierno central. También evitar que la ejecución presupuestaria se desboque, como ocurrió el pasado año con las partidas del gasto sanitario.
«Supone un paso más en la tarea de auditar y fiscalizar al milímetro las cuentas públicas, una labor que también se llevará a cabo a través del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Generalitat», subrayó Ciscar.
Esta unidad especial de control del gasto hará recomendaciones, que, según señaló el portavoz del Consell «serán vinculantes y obligatorias» para los distintos departamentos.
El vicepresidente del Ejecutivo reiteró que el Gobierno valenciano ha abierto «una lucha sin cuartel contra el déficit y el control del gasto», y su voluntad es ir más allá de lo que lo que diga la ley de estabilidad presupuestaria, que está tramitando el Ejecutivo central. Preguntado sobre si están previstas sanciones para los departamentos que no cumplan, afirmó que en esos casos, las actuaciones «tendrán que venir dadas por la ley de estabilidad presupuestaria que tiene que aprobar el Gobierno».
En cuanto a la posibilidad de adoptar medidas penales, señaló que también es decisión del Ejecutivo de España, ya que sería necesario modificar el Código Penal para incluir nuevas figuras penales, más allá de los tipos delictivos que ya reconoce como la malversación o la prevaricación.
Por otra lado, el pleno del Consell, celebrado ayer en Alicante, aprobó otro decreto-ley por el que se modifica la estructura, organización y retribuciones del personal directivo de las instituciones sanitarias, que verán reducido su salario una media del 11%, lo que permitirá un ahorro de 1,2 millones de euros.
Ciscar destacó que en la actualidad los equipos directivos de los departamentos de salud están constituidos por 221 cargos, con diferentes denominaciones y retribuciones, y su masa salarial asciende a 11,2 millones de euros.
Explicó que con esta medida el director gerente de un hospital, que hasta ahora cobraba una media de 65.353 euros brutos al año, pasará a percibir 55.391, lo que significa un 15,25%. Este decreto-ley se enmarca dentro de la política de contención del gasto impulso de la austeridad, estabilidad presupuestaria y reducción del déficit que lleva a cabo la Generalitat.
