Al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande- Marlaska se le acumula el trabajo. El magistrado, que investiga las supuestas irregularidades en la gestión de la Caja Mediterráneo (CAM), recibirá en breve una nueva denuncia. Se trata de la que interpusieron a finales de diciembre cuatro sindicatos -Sicam, UGT, CCOO y Csica- contra los exdirectivos Roberto López Abad, María Dolores Amorós y Modesto Crespo por estafa, apropiación indebida y administración desleal o fraudulenta.
La Fiscalía Anticorrupción de Alicante, tras estudiar la denuncia, ha decidido remitirla a la Audiencia Nacional, ya que considera que habla de hechos conexos con los que ya está investigando Grande-Marlaska, titular del juzgado central de instrucción número 3. Este órgano judicial abrió diligencias en noviembre de 2011 tras admitir a trámite la querella presentada por el abogado murciano Diego de Ramón. Este letrado también acusó a la cúpula directiva de la CAM de estafa, apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental, entre otros.
Por su parte, la plataforma sindical de la CAM decidió acudir a la Fiscalía Anticorrupción por las presuntas irregularidades en la contratación de una póliza de seguro por valor de 57 millones de euros para el periodo 2007 -2013. Su finalidad era garantizar a los trece miembros de la antigua comisión directiva pensiones vitalicias después de los 65 años.
La denuncia de los sindicatos se fundamenta en ese seguro «fue contratado sin la aprobación ni el conocimiento del Consejo de Administración», al que presentaron supuestamente «información manipulada» que podría afectar a los «estados financieros y contables» de la entidad.
La denuncia, que en su día se facilitó a los medios, recoge la petición al Ministerio Público de una investigación que conduzca a «la anulación de la citada póliza». La plataforma sindical exige esta anulación porque, según sostiene, el consejo de administración no llegó a aprobar esa propuesta de la comisión de retribuciones, y por tanto tampoco pudo ser fiscalizado por la comisión de control.
El pago de la prima se había aplazado hasta 2013 pero acabó por adelantarse a 2010, mientras que algunos de los directivos beneficiados supuestamente no cumplían el requisito de haber pertenecido durante cinco años al comité de dirección. En otros casos, se contabilizó para el cálculo de las pensiones los incentivos y no únicamente las retribuciones fijas.
La propia CAM, a través de su directora de Órganos de Gobierno, María Carmen Fernández, admitió por escrito el pasado 21 de octubre de 2011 que no le constaba la existencia de actas que refrendaran estos acuerdos o autorizaran la suscripción de la póliza y los sucesivos pagos.
Los denunciantes acudieron a la Fiscalía Anticorrupción después de que los administradores de la entidad ignorasen en su petición de información sobre el presunto fraude relativo a la pensión de Amorós, hechos que ya se investigaba en Madrid.
Los sindicato adjuntaron a su denuncia numerosas circulares emitidas entre 2007 y 2011 por la dirección general de la CAM donde se ocultaba presuntamente la firma de la polémica póliza y, por el contrario, se alababan los resultados cosechados, una información que la plataforma sindical califica de «manipulada, sesgada o distorsionada».
Las reclamaciones de los sindicatos no han sido las únicas que han acabado en la Audiencia Nacional. En diciembre de 2011, el juzgado de instrucción número 8 de Alicante acordó su inhibición en favor de la Audiencia Nacional de la denuncia presentada por la Asociación Preeminencia del Derecho, representada por el abogado José Luis Mazón. Esta asociación acusaba a la antigua directiva de la caja de ahorros de presuntos delitos societarios, falseamiento de cuentas y acuerdos abusivos con ánimo de lucro. Asimismo, pedía que investigara el supuesto falseamiento de las cuentas de la entidad.
