Ningún otro ayuntamiento de la comarca ni de la Comunidad Valenciana le gana a transparencia al de Almoradí. Así de claro lo explicó el alcalde, Antonio Ángel Hurtado, que defendió su gestión en el fallido concurso de privatización de la recogida de residuos sólidos. El munícipe retó a la oposición a demostrar transparencia y dijo que gracias a ella la adjudicación se anula, en parte porque también hubo un error de bulto a la hora de baremar las propuestas.
El Pleno de la Corporación dio por finiquitado el proceso que se alarga más de un año, con tres elecciones de por medio, y ahora el equipo de gobierno ya prepara un nuevo pliego de condiciones en el que se darán los pasos cortos pero más que seguros. El alcalde almoradidense dijo que se ha tenido que zanjar el proceso y no realizar ningún trámite más para no «tener que soportar un contencioso administrativo que nos hubiera pesado como una losa si no llega una sanción». En este sentido, si que recordó que «hay ayuntamientos que tienen que aguantar grandes cargas a sus espaldas de muchos millones de euros por haber dado pasos cuando no debían», matizó.
La recogida de basuras y limpieza viaria sigue estando en el aire a la espera de que el PP vuelva a convocar otro concurso público, esta vez con más detenimiento ya que el error ha supuesto más de un año de retraso. Como dato revelador la empresa ganadora provisional, La Generala, se encuentra en estos momentos en concurso de acreedores mientras que a Colsur el Ayuntamiento le debe una buena suma de dinero, aunque se pactó un plan de pagos con su gerente, Ángel Fenoll.
El primer edil quiso resaltar que la aprobación de la contrata «no se frenó porque entrara un empresario a dar voces en el salón de Plenos, sino porque el exportavoz del PSOE no tenía claro su voto, y esta Alcaldía no permite a nadie que vote con dudas». Estas declaraciones las hizo en alcalde en contestación al concejal del PSOE que le había acusado de no parar al industrial Fenoll en dicho Pleno, a lo que Hurtado también replicó que «sobre la soberanía de este pueblo no manda ningún empresario».
Sea como fuere gracias a este tiempo muerto se pudo observar una irregularidad en la mesa de contratación del servicio de basuras, y por esta causa la adjudicación se paralizó. El equipo de gobierno envió toda la documentación a la junta consultiva de Contratación de la Generalitat, que votó a favor de que la tramitación se iniciara desde un principio.
El portavoz del PSOE, Jaime Pérez, apostó por un servicio municipal de recogida de residuos y argumentó que «nos ahorraríamos 250.000 euros al año, lo que supone un millón de euros en toda la legislatura que se podría emplear para crear una escuela infantil o para Servicios Sociales». La portavoz del grupo popular, María Gómez, reconoció el error en la adjudicación y advirtió que el proceso se demoró porque hubo elecciones autonómicas y el órgano consultivo estaba sin constituirse.
Aún así, Pérez dijo que «este servicio lo debería llevar Pimalsa como ocurre en Guardamar, que aunque ha entrado el PP a gobernar mantiene la empresa pública». En la misma línea opinó el concejal de Izquierda Unida, José Mateo, que dijo que «desde un principio apostamos porque el servicio lo coja Pimalsa». Ambos grupos de la oposición votaron a favor de que el proceso de adjudicación se anulara.
