La nueva Fiscalía General del Estado, dirigida por Eduardo Torres-Dulce, dio ayer la orden a Anticorrupción para que no presente recurso de casación en el Tribunal Supremo por la absolución de Francisco Camps y Ricardo Costa en la 'causa de los trajes'.
Fuentes del Ministerio Público señalaron que tras estudiar el contenido de la sentencia dictada por el magistrado Juan Climent, del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en la que se recoge el veredicto absolutorio del jurado popular, acordaron «que no hay base jurídica suficiente para recurrir».
Una de las razones que exponen las citadas fuentes es que, según el artículo 846 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), «únicamente cabe la revisión de los hechos probados en caso de sentencia condenatoria y si es por vulneración del principio de presunción de inocencia».
Pero como a Francisco Camps y Ricardo Costa, ex secretario general del Partido Popular valenciano, les declararon «no culpables», las posibilidades de recurso son más remotas porque «se constata la imposibilidad de revisión de los hechos declarados probados».
Y es que el jurado popular, por cinco votos a cuatro, consideró que los acusados no habían cometido cohecho impropio, que pagaron sus prendas de vestir y que su relación con los principales imputados de la trama 'Gürtel' era «meramente comercial».
Curiosamente, el veredicto del jurado popular fue más allá de las declaraciones de Camps y Costa. En concreto, cinco miembros del jurado consideraron como «hecho probado» que Camps pagó «personalmente» las prendas al sastre José Tomás, un extremo que nunca llegó a afirmar el expresidente valenciano, que siempre ha mantenido que pagaba sus trajes, pero de forma genérica; incluso a preguntas de la Fiscalía llegó a explicar que pidió dinero a uno de sus escoltas para pagar, si bien nunca especificó que pagara «personalmente» a José Tomás.
Asimismo, el jurado desestimó, también por cinco votos frente a cuatro, que el personal de las tiendas contactara previamente con los interesados «y realizaba las mediciones necesarias para calcular sus tallas», pese a que tanto Francisco Camps como Ricardo Costa explicaron en sus testificales -y durante la instrucción- cómo José Tomás les tomó medidas en distintos momentos y situaciones.
Cambio de paso
En total, la Fiscalía Anticorrupción dio 18 razones en el juicio para probar que hubo cohecho impropio. Un cúmulo de pruebas que muestran la beligencia acusatoria que ha mantenido el Ministerio Público desde que estalló la 'causa de los trajes' durante la instrucción de la trama 'Gürtel' por parte de Baltasar Garzón, en febrero de 2009.
Desde entonces, Anticorrupción siempre defendió que hubo delito y que la red corrupta, a través de la empresa Orange Market, pagó esas prendas para conseguir un trato de favor preferente en los contratos públicos de la Generalitat.
La Fiscalía fue primero partidaria de que esta causa se investigase en Valencia, luego acusó formalmente a los imputados durante la instrucción que tramitó la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Valencia. Tras el archivo, reclamó la reapertura del caso en un recurso presentado ante el Tribunal Supremo y, una vez que el alto tribunal lo admitió, pidió al juez José Flors que abriera juicio oral a Camps y Costa, como finalmemte ocurrió.
El secretario general del PSOE de Valencia, Jorge Alarte, calificó ayer de «profundamente preocupante» la decisión de la Fiscalía General. «Eduardo Torres-Dulce debe una explicación a los españoles por el cambio de criterio que se ha producido, después de que la Fiscalía lleve varios años actuando de forma activa en la lucha contra la corrupción en el caso Gürtel», dijo.
Por su parte, el president de la Generalitat, Alberto Fabra, aseguró que se alegra «muchísimo» de que la Fiscalía Anticorrupción no recurra y la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, tachó de «escándalo» la decisión y aseguró que había sido ordenada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y por el propio Mariano Rajoy.
