Alrededor de 50 policías locales de Elda se concentraron ayer a las puertas del Palacio Provincial de la Diputación de Alicante para protestar por el despido de 17 interinos y el cambio en el sistema laboral que les han «impuesto» desde la alcaldía del municipio. Los sindicatos, CCOO, UGT, Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de la Comunitat Valenciana (SPPLB-CV), Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), se concentraron después de que fueran desalojados del último pleno del ayuntamiento eldense.
En declaraciones a los periodistas antes del inicio del pleno de la Diputación , los manifestantes señalaron que el consistorio «destina» el presupuesto de los 17 trabajadores despedidos a «su personal de confianza». «Echan a gente que ha aprobado una oposición para meter a dedo a personas que no sabemos qué clase de estudios tienen», expusieron.
Además, se quejaron del cambio en el sistema de trabajo que les han «impuesto» desde el consistorio y que ha provocado que «los turnos de descanso se hayan colocado en los días de vacaciones».
La alcaldesa de Elda, Adela Pedrosa, del PP, pidió, en declaraciones a los periodistas, «responsabilidad» a los policías locales para que «trabajen y estén al lado de los ciudadanos» porque «son ellos quienes pagan sus nóminas» y es «su obligación».
«En estos momentos difíciles yo no puedo subirle el sueldo ni a los policías locales ni a nadie», recalcó Pedrosa, quien añadió que «hay personas que por desgracia se ven afectados por estos despidos» pero que «finalmente lo asumen y no hay más reivindicaciones».
«Sin embargo, los policías, que tienen un sueldo fijo, reivindican una subida de sueldo; es el mundo al revés», sentenció.
Ya en la sesión plenaria del ente provincial, el diputado socialista Alejandro Soler solicitó a la presidenta, la popular Luisa Pastor, que dejara acceder al hemiciclo a cinco representantes de los sindicatos. Previamente, la Diputación había cerrado las puertas exteriores para impedir la entrada de los manifestantes al Palacio Provincial y, concretamente, a la celebración del pleno.
En cambio, Pastor negó que haya sido una orden de la presidencia y reiteró que «los ciudadanos siempre tienen las puertas de la Diputación abiertas», aunque matizó que si se han cerrado era para evitar el acceso «a unos manifestantes».
Por otra parte, el pleno desestimó, con los votos en contra del PP, dos mociones, una de ellas de urgencia, presentadas por el grupo socialista. En la primera, solicitaban la remodelación del convenio urbanístico firmado por Proaguas y el ayuntamiento de Petrer para la adjudicación de las viviendas de Protección Oficial en régimen de alquiler con derecho a compra.
En la moción de urgencia, el diputado Alejandro Soler instó a la Diputación a demandar la deuda que la Generalitat mantiene con este ente provincial y que afecta al desarrollo de los municipios, algo que el grupo popular ha dicho que «ya se está haciendo».
La presidenta de la Diputación Provincial de Alicante afirmó que es necesario acometer «reformas» en empresas dependientes de la institución, como Proaguas Costablanca, para «adecuarlas a los nuevos tiempos», y considera preciso «dar un margen de tiempo» a esta compañía de aguas para que recupere la inversión realizada en la construcción de 41 viviendas en Petrer.
En el transcurso del pleno ordinario celebrado este jueves por la corporación provincial, el diputado socialista David Cerdán consideró «muy difícil» que Proaguas Costablanca consiga vender las viviendas, y presentó una moción en la que proponía ofrecerlas en alquiler con opción a compra, liquidar la empresa y transferir los trabajadores directamente a la Diputación.
Esta iniciativa, que fue rechazada con los votos mayoritarios del equipo de Gobierno del PP en la Diputación, fue objeto de un largo debate entre los dos grupos. Así, el portavoz del equipo de Gobierno, César Augusto Asencio, recordó que estas promociones están sujetas a las condiciones acordadas con el Ayuntamiento de la localidad, que contempla invertir parte de los beneficios de su venta para la construcción de otras 50 viviendas en la calle Andalucía de Petrer.
