Vídeo: M.R.S.
La Fiscalía considera que afirmar que el empresario alicantino Enrique Ortiz está «impregnado de corrupción» no supone una ofensa contra su honor. Por ello la representante de la acusación pública no apoyó ayer en el juicio civil las pretensiones del promotor, que reclamaba 150.000 euros a la diputada de Compromís Mireia Mollà por estas declaraciones.
El constructor, imputado en varias ramas de la 'operación Brugal' y vinculado también a la presunta financiación irregular del PP que se investiga en el 'caso Gürtel', demandó a la diputada al considerar que estaba vulnerando su derecho al honor cuando afirmó, tras presentar una denuncia en Fiscalía, que era «el empresario más impregnado de corrupción del país».
En la vista oral, que se celebró ayer en un juzgado de primera instancia de Alicante, la representante de Compromís matizó sus palabras y explicó a la juez que lo que quería decir es que Ortiz se ha convertido en el «denominador común» de los principales casos de corrupción que afectan al «País Valenciano».
Mollà estuvo defendida por su compañera de filas en Compromís, Mónica Oltra, que aportó en el juicio diversos recortes de prensa en los que se vinculaba al empresario con diversas investigaciones por corrupción. Oltra preguntó a Ortiz, que compareció como testigo, si todas esas informaciones eran verdad, algo que el promotor negó tajantemente. Al indagar sobre los motivos por los que el promotor no ha presentado demandas contra estos medios y sí contra Mireia Mollà, Ortiz ha matizado que «todavía no» ha emprendido acciones judiciales, reservándose el derecho a ejercerlas en un futuro.
En su demanda, Ortiz argumentaba que las declaraciones de la diputada de Compromís habían perjudicado su actividad empresarial y habían mermado la «confianza» de los clientes particulares y las administraciones a la hora de contratar a sus sociedades. Sin embargo, la Fiscalía considera que este perjuicio económico no ha quedado acreditado, y que si Ortiz ha perdido volumen de negocio no ha sido por las afirmaciones de Mollà, sino por su continua aparición en prensa -desde julio de 2010- por su vinculación a la 'operación Brugal'. En este caso, desgajado en varias piezas, se investigan presuntos tratos de favor tanto en la contrata del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja como en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.
Así, la Fiscalía ha pedido la desestimación de la demanda del constructor al considerar que Mollà no vulneró su derecho al honor, sino que se hizo eco de unos «hechos objetivos», como la implicación del promotor en distintas investigaciones sobre corrupción.
Por su parte, la diputada Mónica Oltra manifestó ayer que a Ortiz se le conoce por los caso de corrupción y por el Hércules CF, no por sus obras de caridad». De hecho, en la vista oral animó a los presentes a introducir las palabras «corrupción» y «Enrique Ortiz» en el buscador de internet Google. «Salen más de 390.000 resultados. 'El Pocero' y Julián Muñoz tiene menos», puntualizó.
A su llegada a los juzgados de Alicante, Mollà estuvo arropada por numerosos militantes de Compromís, que desplegaron una pancarta en la que se podía leer 'Todos con Mireia. El juicio de la vergüenza'. La diputada aseguró que le «duele pensar que hay gente que está utilizando la justicia para amedrentar a las personas que estamos denunciando la corrupción. No se nos va a callar», sentenció.
Asimismo, tras la vista oral confesó que sus sensaciones son «positivas y favorables». El juicio, celebrado en el juzgado de primera instancia número 5, quedó ayer visto para sentencia. El fallo se conocerá en las próximas semanas.
