El exalcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, tiene claro que en su proceso judicial, que engloba varias causas, «es un monigote en manos de varias personas». El bigastrense se personó ayer en los juzgados de Orihuela para recibir la notificación de que el juicio oral por la construcción ilegal de dos depósitos de propano en una zona verde sigue su curso.
La Audiencia Provincial, que lleva la causa en última instancia, tiene ahora que fijar una fecha para celebrar una sesión en la que también está implicado el exsecretario municipal de la localidad, Antonio Saseta, y una técnico municipal. Moya no pudo hacer valer el último recurso que pusieron sus abogados para evitar un nuevo juicio y deberá argumentar su defensa ante los delitos que se le imputan de prevaricación, falsedad documental y también contra la ordenación del territorio. Aunque si que apuntó que «intentaremos recurrir en lo que podamos otras acusaciones».
Este proceso es uno de los más significativos a los que se enfrenta el antiguo mandatario bigastrense, puesto que el fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, solicita un año y diez meses de cárcel por el presunto delito contra de la ordenación del territorio y otros cuatro años de pena por falsedad documental y prevaricación. El fiscal también reclama penas de prisión de un año para los otros dos imputados, el exsecretario municipal y una técnico, ambos por los delitos de prevaricación y falsedad documental al avalar presuntamente esta actuación con sus informes.
La acusación pide a su vez que Moya sea el encargado de costear el derribo de los grandes tanques, y en el caso de que no pueda hacer frente al gasto, el Ayuntamiento sea responsable subsidiario. Fiel reflejo de que el Caso 'Bigastro' avanza en el juzgado es que el antiguo regidor ya no sale del Palacio de Justicia con el mismo optimismo que hace unos años. La justicia avanza lenta ante esta actuación realizada en el 2006 sobre una parcela municipal destinada a zona verde del sector urbanístico D6, si bien el juicio es inminente tras el paso dado en ayer.
El ministerio fiscal valora en su acusación que las obras en la parcela para los depósitos de gas no estaban permitidas en la normativa urbanística local, así como «tampoco son autorizables y contravienen el planeamiento urbanístico local y la normativa de la Comunidad Valenciana».
El exalcalde de Bigastro asiste a un nuevo caso después de que en el 2008 una brigada especializada de la Guardia Civil le detuviera tras varios meses de investigación. La operación conjunta llevaba consigo diferentes causas fiscales y urbanísticas. En este caso, se indaga sobre los depósitos de propano del D6, que levantaron sobre una parcela de 1.170 metros cuadrados y que pueden guardar cada uno de ellos 46.500 litros de este líquido inflamable. Un año después de firmar la reparcelación del sector urbanístico y la zona verde, Moya como promotor de las obras del sector y representante del Ayuntamiento, firmó con Repsol Butano un acuerdo para instalar las cubas de gas. La actuación se llevó a cabo con la permisividad del secretario de un técnico municipal y con la firma del regidor, algo que para el fiscal es de sobra motivo de pena porque «no había licencia alguna».
