Tras lo que podríamos denominar como la reforma del gasto público y después de haber iniciado, que no culminado, la reforma fiscal, el Gobierno encaró ayer la reforma del sistema financiero y lo hizo con decisión y profundidad. El objetivo marcado consistía en disipar las brumas que nublan la visión del estado de salud del sector y conseguir que se financie con comodidad, para que después pueda financiar a su vez con fluidez. Las exigencias de «limpieza» de los activos son terribles y, además de servir para sanearlos, ejercerá una presión insuperable para realizar fusiones. Como los plazos para hacerlo son inmediatos, -hay que presentar las propuestas en el mes de mayo y cerrarlas en diciembre-, el sector terminará el año irreconocible y el número de entidades participantes será sustancialmente inferior al actual. Se ha abierto el baile y empieza con un ritmo frenético.
La exigencia de dotar tan severamente los activos relacionados con el «ladrillo» ejercerá una presión enorme sobre los precios de las viviendas. Lo que podemos traducir como que se avecinan buenos tiempos para comprar y mucha competencia agresiva para vender.
Las exigencias de balance se compensan con la previsión de medios suficientes para afrontarlas. De Guindos garantizó desde un principio que no habría coste para las arcas públicas y, prestando el dinero al 8% parece claro que podrá cumplir su promesa.
Tras haber encorsetado el gasto de las administraciones públicas y después de haber «sacudido» fuerte a las rentas medias/altas y los bancos y las cajas, el Gobierno despeja el camino para encarar la auténtica prueba de fuego, que sin duda alguna es la próxima reforma laboral. Ojalá no haya agotado su capacidad de decisión, ni su coraje.
