El Colegio de Abogados de Alicante ha echado un pulso a la Conselleria de Justicia tras la orden por la que se reducen un 29% los honorarios del turno de oficio. Además del 'tijeretazo', que en algunos procedimientos llega hasta el 62%, los letrados están hartos de los retrasos del Consell a la hora de pagar- todavía están cobrando el segundo trimestre de 2011-.
Por eso la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, presidido por el decano Fernando Candela, ha decido aplicar unas medidas de presión que podrían complicar todavía más el ya de por sí saturado sistema de justicia. Su intención es recortar el servicio de asistencia gratuita que prestan para protestar por lo que consideran «un menosprecio a la labor de los abogados.
Según explicó ayer el decano, «no se realizará la designación provisional de abogado del turno de oficio» hasta que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita -que depende de la Generalitat- compruebe que la persona que lo solicita cumple los requisitos. «Se trata de aplicar mecanismos para detectar a los 'falsos pobres'», apuntó Candela, quien puntualizó que a los abogados «se nos ha dado un papel de fiscalización que no nos corresponde». Hasta ahora, se prestaba la asistencia jurídica y la comisión generalmente daba el visto bueno 'a posteriori'. Ahora, los letrados no moverán un dedo hasta que este órgano garantice que la persona cumple los requisitos, a excepción de «los supuestos relativos a despido, reclamación laboral, recurso contencioso-administrativo y oposición a juicio de desahucio». Así, los letrados ponen la pelota en el tejado de la Generalitat, que será quien tenga que agilizar las valoraciones de la comisión si no quiere retrasar los procedimientos.
Además, el colegio también ha optado por reducir drásticamente su servicio de atención al público. Así, el servicio de orientación jurídica en Alicante pasará de ser diario a prestarse solo los jueves de 9 a 13.30 horas. En las delegaciones del colegio en otras localidades, como Dénia, Villena o Novelda, entre otras, tendrá un carácter quincenal.
Las medidas de presión de los letrados también afectarán al sistema actual de asistencia a los detenidos. Hasta ahora, las comisarías o cuarteles de la Guardia Civil contactaban directamente con el móvil de los letrados que estaban de guardia en el turno de oficio. Ahora, esta labor se centralizará a través del personal del colegio en horario laboral, y, fuera de él, mediante los letrados coordinadores. En definitiva, más burocracia que retrasará la asistencia gratuita a los arrestados.
Asimismo, Candela avisó ayer de que en las delegaciones en las que haya un solo abogado de guardia no se podrá prestar el servicio de asistencia a las víctimas de violencia de género. Así, cuando la mujer solicite ejercer la acusación particular a través de un abogado de oficio, el juzgado competente tendrá que enviar un fax al colegio.
El servicio de orientación jurídica en las cárceles se limitará a los últimos miércoles de cada mes, mientras que se suprimirá la asistencia en los puntos de encuentro familiar de San Vicente, Elda y Benissa.
No obstante, el decano aclaró que «no se pretende perjudicar al justiciable», que tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita, y reiteró que buscan defender la «dignidad» del colectivo frente a la actitud «vejatoria» del conseller de Justicia, Jorge Cabré. De hecho, acordaron «reprobar» sus manifestaciones.
