El caso de los depósitos de gas en el sector D-6 se reactiva en los juzgados de Orihuela, tras el decreto de apertura de juicio oral contra el exalcalde de Bigastro, José Joaquín Moya y el exsecretario, Antonio Saseta.
La titular del juzgado Número 3, Ana Belén Cordero, sustituta de Carlos San Martín, los ha citado para hoy en el palacio de Justicia de la Plaza de Santa Lucía y comunicarles que sus defensas tienen que fijar sus posturas ante este paso procesal. Asimismo la juez ha decretado la inadmisión de un recurso de las defensas de ambos imputados, que querían anular el proceso. En la misma causa están imputados la técnico municipal, María Jesús Ferrer y el Ayuntamiento, como responsable subsidiario.
La juez indica que a los imputados les asiste la razón «en parte, pero que no es menos cierto que durante toda la tramitación del procedimiento los imputados han tenido conocimiento de todas las actuaciones realizadas a través de su representación particular».
Asimismo matiza la magistrada que «en ningún momento se haya producido indefensión, así como que la notificación personal del auto de apertura de juicio, en ningún momento podría hacer variar el contenido esencial del auto de apertura o los escritos de calificación de las partes acusadas». Esta cuestión legal significa que tanto Moya como Saseta y la técnico, deben acudir al juzgado a conocer el hecho, una circunstancia que las defensas querían evitar. Tras este paso será la Audiencia Provincial en su sede de Elche la que señalará el día del juicio.
La Fiscalía pide cinco años de cárcel para el exalcalde José Joaquín Moya por un delito contra la ordenación del territorio, prevaricación y falsedad documental y fijó que el Ayuntamiento, gobernado ahora por el PP, y que intentó personarse como parte perjudicada en el caso no podrá hacerlo. Cuando el titular del juzgado era San Martín, el magistrado rechazó esta petición, puesto que el Ministerio Público consideró que el Consistorio debía ser declarado responsable civil subsidiario si Moya es condenado. Es decir, que será el Ayuntamiento el que tenga que asumir las responsabilidades económicas si el ex primer edil no puede hacer frente a esas cantidades.
Y es que la Fiscalía, ejercida por Pablo Romero, además de las penas de prisión para Moya, por autorizar la construcción de depósitos en una zona verde en 2006 y hacerlo a sabiendas de que era una actuación ilegal, e imputar también al secretario y la técnico, solicitó la nulidad de los actos administrativos y demolición de las construcciones ilegales en una parcela catalogada como zona verde, cuyos gastos correrían a cargo del Ayuntamiento si los acusados no pueden hacerles frente.
