El concurso de acreedores de Spanair, que el juzgado de Barcelona que lo tramita ha calificado de voluntario -con lo que los actuales administradores mantendrán sus facultades- y el paralelo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la firma ante el mismo juzgado dejarán sin empleo a 2.604 personas, según fuentes de la compañía. La aerolínea aspira a acelerar al máximo los trámites del ajuste laboral para completarlos en los próximos 30 días.
La empresa se reunió ayer con los representantes de los trabajadores, en una primera cita en la que los sindicatos le urgieron a agilizar las eventuales recolocaciones en otras compañías, máxime teniendo en cuenta que entre la plantilla hay muchas parejas que ven ahora desaparecer al tiempo su fuente de recursos. En esa labor de recuperación, reclama el comité de empresa, ha de jugar un papel esencial la Generalitat de Catalunya, propietaria de un 24% de la aerolínea.
Los trabajadores, que protagonizaron ayer encierros y movilizaciones (en Barcelona interrumpieron el tráfico en la céntrica Gran Vía) acusaron a los responsables de la aerolínea de oscurantismo y falta de información. Con el objetivo de recabar y manejar el máximo de documentación posible, el comité tiene previsto reunirse en los próximos días con la ministra de Fomento, Ana Pastor.
La consideración de voluntario, y no de necesario como pretendían el Sepla y algunos acreedores, mantiene en su puesto a los actuales gestores, que han reconocido un pasivo en el grupo Spanair de 474 millones. Eso sí, deberán aceptar las pautas que marquen los administradores concursales.
