No se atrevió a precisar cifras, pero advirtió que el recorte será «importante». Jorge Fernández Díaz confirmó en el Congreso que estudia un plan para la reducción considerable de los escoltas, la mayoría destinados en el País Vasco y Navarra, dentro de la «política de austeridad y racionalización en el empleo de los recursos públicos».
El ministro del Interior reconoció que aunque «pervive latente la amenaza» de ETA, los «análisis» policiales desvelan que «el número de protegidos y de protectores está muy por encima de lo que estimamos como razonable». Existe, agregó, un «desfase extraordinario» si se compara a España, con sus «centenares» de protegidos, con los países de la Unión Europea, donde los escoltados «se cuentan por unidades».
Este «Plan de Reducción de los Servicios de Protección» que elabora la Secretaría de Estado, y en el caso del País Vasco en coordinación con la Consejería de Interior de Vitoria, pasará por un «análisis de riesgos individualizado» de cada protegido, su riesgo y su cargo. En cualquier caso, aseguró, cualquier decisión será «reversible».
El ministro no ocultó que con este drástico recorte espera enjugar parte de la deuda de su departamento, que en el caso de la Policía Nacional supera los 175 millones de euros.
Según sus propias cifras, más de 1.500 personas tienen escolta en España, a las que se suman los electos locales, cuya protección es asumida por policías municipales. Este número de protegidos se traduce en que 2.668 efectivos de Policía y Guardia Civil están asignados en exclusiva a estas funciones, más otros 700 escoltas privados que sufraga el Ministerio del Interior. En total, Interior gasta en protección de amenazados 160 millones de euros anuales, de los que cien están dedicados a los sueldos de escoltas privados en el País Vasco y en Navarra.
