La comisión de investigación de la CAM en Les Corts Valencianes aprobó ayer fijar la petición de documentación de la caja a la propia entidad financiera, al Banco de España y al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) desde 2004 hasta la actualidad para estudiar la responsabilidad de gestores y fiscalizadores en el proceso que ha llevado a la CAM a una situación como la actual en la que, incluso, «podría desembocar en la desaparición de la sociedad», según consta en la convocatoria de la comisión. Sin embargo, las peticiones de comparecencias de los grupos no se podrán sustanciar hasta el mes de marzo.
De esta manera, los grupos -excepto Compromís, en protesta porque se ha votado por separado la petición de documentación y de comparecencias- fijaron un calendario para la Comisión que establece que ésta se reunirá de nuevo el próximo 15 de marzo a las 10.30 horas. Esta comisión tiene una vigencia de seis meses, aunque podría darse el caso de que se prorrogara -pero debería aprobarse en el pleno del Parlamento regional-.
Previamente, el 29 de febrero se establece como la fecha tope para recibir la documentación solicitada y el 12 de marzo como límite para presentar las propuestas de comparecencias y el 18 de mayo para que se sustancien. Por último, será en el mes de junio cuando se elabore el dictamen de la Comisión y se someta al pleno de Les Corts.
Críticas de EU y Compromís
Tanto EUPV como Compromís lamentaron que populares y socialistas se hayan «olvidado» del «problema» de las cuotas participativas. En este sentido, el diputado de EUPV Lluís Torró considera que los dos partidos mayoritarios han «marginado» el asunto de las cuotas participativas en la comisión.
El PP aceptó todas las propuestas de petición de documentación presentadas por los grupos de la oposición, salvo un informe sobre las personas, empresas o gobiernos involucrados en negocios con la CAM en el extranjero. Tanto populares como socialistas lo consideraron «poco serio». Incluso, el síndico del PSPV, Angel Luna llegó a ironizar sobre esta solicitud y preguntó si habría que pedir esta documentación al FBI.
Tanto Compromís como EUPV protestaron porque la Mesa de la Comisión haya decidido aplazar hasta marzo la votación de las comparecencias. En este punto, la portavoz de Economía de Compromís, Mireia Mollà, ha achacado esta decisión a un acuerdo entre PP y PSPV.
«No es casual» este entendimiento -entre PP y PSPV- para que las comparecencias -que incluyen a los expresidente de la Generalitat y responsables de la CAM , el Banco de España o el IVF- sean en marzo, con el objetivo de «no interferir» en la compra de la entidad por parte del Banco Sabadell en ese mes. En su opinión, esto supone someter a las Corts a un «interés» externo al de la propia Cámara.
Tanto el diputado socialista y vicepresidente de la Mesa, Angel Luna, al igual que el popular David Serra, criticaron la intervención de Mollà y justificaron la petición de comparecencias en marzo. Se trata de estudiar primero la documentación y aprovechar así estas intervenciones «sabiendo de lo que hablamos» y solicitarlas así «con más rigor», señalaron ambos.
Luna opinó que el plan de Compromís pasa por «buscar titulares», en lugar de tomárselo con «seriedad», mientras que Serra afirmó -hasta en dos ocasiones- que Mollà «es un ejemplo de la 'generación NIP': «ni puñetera idea». Así, descalificó la intervención de la diputada ilicitana de Compromís al considerar que actúa «sin conocimiento ni rigor». «No proponen nada serio», apostilló.
La información requerida se divide en cuatro bloques. La que afecta al Banco de España y las inspecciones realizadas sobre la CAM , el requerimiento por parte del Banco de España a la propia CAM , de julio de 2011, de presentación de un nuevo plan de recapitalización y viabilidad y los escritos dirigidos al IVF sobre las inspecciones de la caja, así como la intervención del Banco de España.
Análisis sobre Terra Mítica
También se estudiará la estrategia empresarial de la caja de ahorros y la vinculación de la CAM con proyectos empresariales como Terra Mítica o la Ciudad de la Luz; o la relación con empresas y proyectos inmobiliarios. También la relación contractual de los propios consejeros de la caja con la entidad y las retribuciones de los mismos, entre otros asuntos.
