Justicia quiere que los jueces, secretarios judiciales, fiscales y funcionarios paguen entre 25 y 40 euros mensuales por el alquiler de las plazas de aparcamiento de la Ciudad de la Justicia, un servicio del que hasta la fecha disfrutan de forma gratuita. Además, y como parte de un mismo proyecto que pretende optimizar los recursos de las sedes judiciales, también se incluye el cobro por el uso de los salones de actos de las diferentes instalaciones.
La Conselleria inició hace dos meses estudios para analizar en profundidad estas posibilidades. Las dos propuestas ahora mismo se encuentran ya en manos de la Abogacía de la Generalitat para examinar si existe algún impedimento para poner en marcha las iniciativas.
Técnicos de Justicia han estudiado el importe medio de las plazas de aparcamiento en la zona donde se encuentran ubicadas las cuatro sedes judiciales de la Comunitat en las que se pretende que arranque la iniciativa: Valencia, Castellón, Elche y Alicante.
Para la Ciudad de la Justicia de Valencia se ha establecido un precio inicial de 40 euros que es justo la mitad de lo que cuesta, según el informe de la Conselleria, una plaza para uso particular. La idea era ofrecer un precio competitivo, por debajo de mercado, para que los usuarios optaran por alquilar las plazas frente a otras ofertas o el uso del transporte público.
Hasta ahora la gran mayoría de jueces y secretarios judiciales y algunos fiscales y funcionarios disfrutan gratis de esta posibilidad que algunos consideran un privilegio y otros la defienden por motivos de seguridad. Esta decisión, que supuso repartir 400 plazas, no estuvo exenta de polémica en su día, discrepancias que llegaron hasta el Tribunal Supremo. Los funcionarios reclamaban poder disfrutar de un mayor número de lugares de aparcamiento. El sindicato CSIF había reclamado una comisión para repartir las plazas, que nunca se creó. El Supremo rechazó su recurso.
Las otras sedes judiciales, Alicante, Elche y Castellón, también cuentan ya con un precio medio tras el estudio de Justicia. La Ciudad de la Justicia de Castellón (124 plazas) costará 30 euros mensuales. La sede de Elche (131 plazas) saldrá por unos 25 euros, mientras que para el edifico de Pardo Gimeno, en Alicante, se ha fijado un alquiler de 35 euros.
Estos ingresos no se utilizarían para reducir el gasto de la Generalitat en la Administración de Justicia sino para sumar nuevas inversiones, aclaran fuentes del departamento autonómico. De tal forma que el dinero siempre repercutiría en las sedes que lo generen. La previsión de Justicia asciende a 300.000 euros anuales por el alquiler de todas las plazas.
Otro de los objetivos del proyecto -si finalmente se aprueba- consiste en democratizar el servicio. Hasta ahora, las plazas están acotadas a jueces, secretarios judiciales, fiscales y funcionarios. Abogados, procuradores y graduados sociales, por poner algunos ejemplos, no tienen opción a disfrutar del aparcamiento. La iniciativa permitiría abrir la puerta a estos grupos que también acuden casi a diario a la sede judicial. No obstante, se descarta el acceso de particulares. La idea, pionera en la Comunitat, puede generar rechazo por parte de los afectados pero ya tiene algún precedente en España, como por ejemplo en Málaga.
Los salones de actos
La segunda pieza del proyecto se centra en los salones de actos con los que cuentan estas instalaciones. El más importante es el de Valencia, que dispone de un aforo cercano a las 500 personas y que durante el pasado año albergó 15 actos de diferentes tipos, algunos de la propia Conselleria. Alicante, Elche y Castellón también disponen de dependencias similares, aunque de menor capacidad.
En este apartado se ha previsto un descuento del 50% respecto a los precios que cobran instalaciones similares en las diferentes provincias. Por ejemplo, para Valencia se considera que el alquiler de la sala para una jornada completa sería de 3.416 euros.
Lógicamente no deberán pagar estas tasas aquellas actividades organizadas por la propia Conselleria o cuyos beneficiarios directos sean los propios funcionarios. Si el solicitante es una asociación sin ánimo de lucro también se le podrá aplicar un descuento.
La propuesta de la Conselleria contempla, no obstante, ciertos recargos si las jornadas se celebran fuera del horario habitual del edificio o los fines de semana. De igual modo, se tendrán en cuenta otras necesidades como la limpieza, uso de vestíbulos para catering o la utilización de equipos audiovisuales.
Hasta ahora estos espacios se ceden de manera gratuita. Todo hace pensar que mientras los garajes contarán con una amplia demanda, los salones no parece tan claro. De cualquier modo, la previsión de ingresos es de 34.000 euros anuales.
