La drástica reducción del número de viajes gratuitos en el TAM para los jubilados y pensionistas de Alicante y lo complicado del proceso para obtener el resto al 50% tienen a los mayores de la ciudad muy enfadados, nerviosos y frustrados.
Una frustración que los miembros del equipo de gobierno que ha acordado esta medida tuvieron la oportunidad de vivir de cerca, dado que las largas colas para obtener el 'bono oro' y los descuentos se trasladaron ayer desde la oficina del TAM hasta el Registro del Ayuntamiento.
Casualmente, un día después de que la alcaldesa, Sonia Castedo, dijese que había pedido a la Concejalía de Transporte que instase a Vectalia a dar un buen servicio e información a los ancianos que la reclamaban en la oficina, éstos comenzaron a enviar a decenas a los jubilados al Registro Municipal, para entregar allí los documentos que necesitan para que les sea reconocido el empadronamiento y la situación financiera. Dos de los requisitos para optar a los viajes al 50%, dentro de un proceso que los mayores ayer calificaban de «calvario para que nos cansemos y no reclamemos».
De hecho, explicaba uno de los que guardaban la fila pacientemente, «yo ya me he tenido que comprar una tarjeta Móbilis normal porque sé que los trámites tardarán un tiempo y tengo que coger el autobús».
En este sentido, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, anunció ayer que ha abierto una queja de oficio para estudiar la situación de los jubilados y pensionistas beneficiarios del 'bono oro' en Alicante, tras la reducción «considerable» aplicada en el número de viajes gratuitos.
Con esta iniciativa, José Cholbi quiere tener información «suficiente» para dictar una resolución sobre las últimas medidas acordadas por el Ayuntamiento de Alicante y la empresa concesionaria del servicio municipal, Vectalia.
Estos ajustes han supuesto una «considerable reducción» en el número de viajes gratuitos y el defensor del pueblo valenciano es «consciente» de que el colectivo de jubilados y pensionistas es un sector de la población «muy sensible» a los incrementos de tarifa del transporte público debido, en la mayoría de los casos, a su «escasa pensión».
Las nuevas medidas aprobadas por el Ayuntamiento de Alicante, dice, les obligarían a destinar parte de sus ingresos a un medio de locomoción «insustituible» dada la necesidad de desplazarse a los hospitales, ambulatorios y todos aquellos centros sociales en los que habitualmente realizan sus actividades.
Asimismo, según la institución, José Cholbi es «sensible» con los muchos movimientos ciudadanos que se producen en la sociedad alicantina debido a las medidas municipales sobre el transporte público y las repercusiones que esas medidas tienen sobre el colectivo de jubilados y pensionistas.
Con la apertura de la queja de oficio, Cholbi solicita a la alcaldesa, Sonia Castedo, la «más amplia» información sobre los acuerdos referidos al transporte público municipal, a la vez que le pide información sobre si se han adoptado medidas para que la población afectada pueda disfrutar de una cantidad más elevada de viajes gratuitos.
