Por si fuera poco para las decenas de miles de familias formadas por jubilados alicantinos, el Indice de Precios al Consumo (IPC) va a hacerlos más vulnerables a los duros efectos de la recesión económica. La desviación de los precios, que según el dato adelantado divulgado ayer llega al 1,9%, provocará una pérdida de poder adquisitivo (del 2,9%) a los pensionistas de unos 80 euros de media. En total, se verán afectados en Alicante unos 185.000 perceptores de jubilación, viudedad y orfandad.
El dato adelantado del IPC europeo de noviembre se verá confirmado a mediados de diciembre, pero todo apunta a que finalmente la inflación será del 2,9%, frente a la previsión del 1% que hizo el Gobierno de España.
Los planes, además, se trastocaron cuando, en mayo pasado, el Ejecutivo que preside interinamente Rodríguez Zapatero metió la tijera para apretarse el cinturón en cumplimiento de los índices de déficit público que exigía Bruselas con el fin de evitar la intervención o seguir los pasos de Grecia. Llegó la congelación de la inmensa mayoría de las pensiones, en torno a cinco millones de ciudadanos.
Mínimas y no contributivas
El Gobierno determinó que los perceptores de las prestaciones mínimas y los que reciben la ayuda no contributiva (seguro obligatorio de vejez y enfermedad) tendrían un aumento en base al IPC previsto, que era del 1% según el Gobierno. La paga compensatoria la cobrarán unos 100.000 alicantinos. Pero el encarecimiento de la energía y de los carburantes ha pulverizado la previsión oficial. Lo compensado por lo no recibido durante todo el año (unos 80 euros de media distribuidos por todos los meses del año) será abonado por el Ejecutivo a mitad de enero, como es habitual en estos casos, ya que es el IPC de noviembre el que sirve de referencia para actualizar las pensiones.
Según los últimos datos oficiales manejados por el Ministerio de Trabajo y por los sindicatos, en Alicante hay 283.921 pensionistas, lo que supone el 3,2% del total en España. Representa un crecimiento del 2% respecto a diciembre del año 2010.
A finales del 2010, los pensionistas alicantinos cobraban de media 687,4 euros, lo que suponía un 3,3% más que en el año anterior. Tras la congelación acordada por el Gobierno para las pensiones de mayor cuantía, esa media prácticamente permanece inalterable en los 688 euros. Esta media es la más baja de España, sólo superada por Ourense. El secretario de UGT en l'Alacantí, Óscar Llopis, lleva muchos meses denunciando a este diario que la pensión media está situada en el número 41 de las provincias españolas, mientras que los políticos y los sectores económicos de la provincia tienen a gala destacar que Alicante es la cuarta provincia española en desarrollo, crecimiento y producto interior bruto.
El sindicato alerta de que el mayor agravio se produce en el capítulo de jubilados, conde hay unos 174.000 perceptores en Alicante con una media de 770,26 euros, lo que supone un 13,7% menos que la media estatal. Una media que todavía empobrece más a muchas familias en medio del agravamiento de la crisis económica salpicada por el terremoto de la deuda y las finanzas internacionales.
Llopis mantiene su crítica a que el Gobierno haya aplicado, forma unilateral, una reforma del sistema que supone una reducción aún mayor de los jubilados y un endurecimiento en las condiciones para acceder a la paga. Se muestra muy crítico por el hecho de que se pretenda desde el Gobierno ajustar el déficit público a costa de los derechos de los más desfavorecidos, como son jubilados y trabajadores, en lugar de abordar con más profundidad la lucha contra la economía sumergida, cada día más arraigada en la provincia, que lidera ya el fenómeno, incluso por delante de Madrid y Barcelona. Al menos, si se tiene en cuenta el número de empleos ilegales aflorados por los inspectores laborales. Será el nuevo Gobierno del PP el que decida antes de finalizar este año la subida de pensiones para el 2012. Mariano Rajoy, presidente electo, anunció en la campaña que no se congelarían más las pensiones. Teóricamente, el Gobierno del PP aplicará la ley para revalorizar las pensiones en proporción equivalente a la inflación oficial prevista para el 2012. Al menos un 2%. La Seguridad Social tendrá que abonar en España 441 millones con cargo al presupuesto de este año y otros 414 al del próximo año.
