Con un toque de campana arrancó ayer en el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela el acto en el que se concedió a la Generalitat la Medalla de Oro de la entidad a la Generalitat Valenciana, una distinción otorgada por la colaboración que durante las últimas tres décadas ha tenido la administración autonómica con este organismo que se encarga de administrar el agua de riego. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, fue el encargado de recoger esta medalla en presencia del alcalde, Monserrate Guillén, del juez de Aguas, Jesús Abadía y de numerosos regantes y representantes de instituciones como la Diputación o la propia Generalitat. Fue Guillén quien se encargó de dar a conocer que el Ayuntamiento va a tramitar la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad para el Juzgado de Aguas, después de que su máximo responsable hiciera un repaso por los ocho siglos de historia de este organismo que arrancó con los árabes a través de la figura del moro acequiero, y que después, por privilegio real, pasó a contar con un juez de Aguas tal y como se conoce en la actualidad a esta figura.
De agua se habló, y fue el juez el encargado de advertir que esta medalla no supone el final de un trabajo, para aprovechar, acto seguido la oportunidad, con el presidente Fabra y la consellera de Agricultura delante de él, para seguir reclamando ayudas que propicien la llegada de este preciado bien a los campos de riego. Alberto Fabra también fue claro en este aspecto, recordando el trabajo del fallecido conseller García Antón y de todos sus antecesores, y asegurando que el agua tiene que llegar a la Comunidad Valenciana de allí donde sobra porque, afirmó, «nosotros somos solidarios en otros aspectos como la Seguridad Social, por lo que reclamamos al resto de España que lo sea en lo que respecta a la planificación nacional del agua».
