Prevaricar es un verbo que los políticos oriolanos conjugan mucho últimamente saltándose, eso si, la primera persona. Ayer, y a cuenta del derribo de las cocheras de Capuchinos, PP y PSOE volvieron a enzarzarse en el ya típico «y tú más», con acusaciones de presunta prevaricación lanzadas, primero, por el popular Dámaso Aparicio, quien consideró que el concejal de Urbanismo, Antonio Zapata, firmó hace unas semanas el decreto de demolición de esta instalación «a sabiendas de que no puede ser cumplido». Aparicio consideró que el proceder de Zapata ha sido «valiente políticamente», pero recordó las palabras de su compañero de filas, Antonio Rodríguez Barberá, y aseguró que existen derechos constituidos por esta instalación y que lo más lógico es que su propietario los haga valer.
El concejal de Urbanismo, el socialista Antonio Zapata, fue el encargado de replicar a los argumentos de los populares y consideró que si ayer había una noticia esa era la que él tenía entre manos. Se trataba de una notificación recibida el jueves por parte del Juzgado de Primera Instancia 1 de Orihuela en la que se requiere al Ayuntamiento todo el expediente de las cocheras, para la investigación en diligencias previas de la denuncia por presunta prevaricación interpuesta por la Asociación de Vecinos Rabaloche Oriol contra Mónica Lorente y Antonio Rodríguez Barberá. Respecto a las críticas sobre su gestión, Zapata aseguró que el procedimiento se abrió desde el departamento de Actividades, debido a que allí se realizaba una actividad sin licencia, y que acogiéndose al artículo 89 de la Ley 2/2006, se sanciona al propietario con la devolución del lugar al estado en el que estaba antes de iniciarse esa actividad.
El motivo por el que no se ha procedido hasta ahora a la demolición es que el dueño de las cocheras ha alegado, de manera que ahora hay que resolver esas alegaciones para seguir con el expediente. Zapata no pudo poner fecha al derribo, como le reclamó Aparicio, dado que indicó que una vez resueltas las alegaciones, el propietario todavía puede recurrir a la vía contencioso-administrativa, lo que puede dilatar más en el tiempo la resolución definitiva a este problema.
Rabaloche
Por otra parte, Aparicio aprovechó su comparecencia de ayer para denunciar lo que supone un «varapalo» para el barrio del Rabaloche según las últimas noticias, como el hecho de que el centro de salud se haya quedado fuera de los presupuestos de la Generalitat, lo mismo que los tres talleres de empleo del área de Fomento, uno de los cuales, precisó «era específico para Capuchinos, con la Asociación Santa Antonio de Padua» y para el que se deberían haber destinado 600.000 euros y contratado a 33 parados del barrio. El popular tachó de «cínico» al liberal Juan Ignacio López-Bas, y aseguró que no tiene que culpar al Partido Popular de todos los males del equipo de gobierno «cuando ha sido su mala gestión la causante de este problema, ya que no ha hecho nada para que estos talleres vengan al barrio». También con López-Bas como objetivo, en esta ocasión en su faceta de concejal de Hacienda, Aparicio consideró que el barrio del Rabaloche, uno de los más poblados del municipio, entendiéndolo desde la Esquina del Pavo hasta el límite con el Raiguero de Bonanza, ha salido perdiendo en las modificaciones presupuestarias que se aprobaron en el Pleno de hace unos días. De este modo indicó que solo se destinan 20.000 euros para la remodelación de la calle Torreta, lo que, aseguró, es «dejar al barrio en el olvido». Por último, Aparicio también tuvo quejas dirigidas al alcalde y concejal de Seguridad, Monserrate Guillén, ya que afirmó que el retén de la Policía Local «que el PP tenía interés en que estuviera abierto las 24 horas del día y atendido por cuatro policías», está la mayoría de las veces cerrado, lo que genera inseguridad, de manera que reclamó al primer edil que ponga en marcha la policía de barrio «que ha anunciado hasta en tres ocasiones».
