La regularización de viviendas y otras construcciones levantadas al margen de la legalidad está en marcha en Orihuela. Los responsables del urbanismo municipal, Antonia Moreno y Antonio Zapata, dieron cuenta ayer de los pasos que se han comenzado a dar en este sentido, y que tienen como objetivo poner dentro de los márgenes que marca la ley, a más de 8.000 construcciones de todo el término oriolano que cuentan con expediente de infracción urbanística, aunque no se descarta que sean más.
Antonia Moreno aseguró que en el Ayuntamiento, aunque se han cobrado las multas por estas construcciones, nunca se ha restituido la legalidad, o lo que es lo mismo, nunca se ha derribado ninguna vivienda. El actual equipo de gobierno no tiene intención de hacerlo una vez que las que hay fuera de ordenamiento entren a formar parte del mismo, aunque sí que se busca con esta acción erradicar en el futuro la construcción de viviendas ilegales.
La primer teniente de alcalde afirmó que el Ayuntamiento se encuentra con un problema una vez que los propietarios de estas casas hayan vivido en ellas durante años y, una vez consolidadas, hayan reclamado derechos como el asfaltado de sus caminos, la iluminación, que haya autobús escolar o que se garantice su seguridad. Por eso se adopta esta solución que ya cuenta con el visto bueno de la Conselleria de Territorio y que se iniciará casi al alimón en Orihuela y Onteniente. El asunto es que la regularización no va a ser gratuita, ya que desde el Consistorio se considera justo que, dado que los dueños de estas edificaciones, al margen de que hayan cometido en su día una ilegalidad, no han pagado impuestos y tasas como cualquier otro vecino, de manera que ahora tendrán que revertir a las arcas municipales el dinero que le corresponda por los servicios de los que se carezcan.
El proceso se iniciará con la redacción de un pliego de condiciones, ya en marcha, mediante el que se adjudicará este servicio, dado que si tuvieran que realizarlo desde el departamento de Urbanismo este se colapsaría. Una vez contratada la mercantil, se creará una oficina externa que atenderá, de manera individual, a cada uno de los propietarios que quieran regularizar sus viviendas, ya que cada expediente tiene sus características. Tras recibir esa información el dueño de la construcción ilegal se enfrentará a la situación y decidirá qué hacer. Moreno explicó que entrar en este proceso de regularización es voluntario, aunque advirtió que aquellos que no lo hagan se exponen, como están expuestos en la actualidad, a que se derribe su propiedad o a que, en caso de que el Plan General de Ordenación Urbana la marque con un uso de suelo que no sea residencial, pueda terminar en el suelo. Las que en ningún caso se legalizará serán dos ó tres construcciones en zonas verdes o montes públicos, cosa que ha sido la única condición puesta desde Valencia. Antonio Zapata aseguró, que el coste que tendrán que pagar los dueños «es asumible».
Penas más duras
on el Código Penal en la mano, Antonia Moreno advirtió que tras la reforma del pasado mes de diciembre, en su artículo 320, se establece el endurecimiento de las penas en las que pueden incurrir políticos y funcionarios en el caso de que vulneren la legislación urbanística. Este artículo indica, ente otras cosas, que quienes hayan informado de forma favorable a proyectos contra las normas vigentes pueden llegar a tener penas de cárcel, lo mismo que aquellos que, como integrantes de un órgano colegiado, léase junta de gobierno, haya resuelto o votado a favor de la concesión de obras y proyectos «a sabiendas de su injusticia».
