La decisión de la Consejería de presidencia de la Región de Murcia que ordena el cierre inmediato del vertedero de Proambiente en Abanilla supone un punto de inflexión en el resto de conflictos que mantiene el Ayuntamiento de Orihuela con la empresa Proambiente, propiedad de Ángel Fenoll.
El edil de Calidad Ambiental, el ecologista Manuel Culiáñez valoró ayer la decisión del gobierno murciano, que además conmina a la empresa a presentar en un plazo de tres meses un proyecto de sellado de los vasos de residuos.
El concejal del área medioambiental mostró su satisfacción por la decisión y avanzó que el Consistorio tiene intención de pedir «en el menor plazo posible» toda la documentación del expediente que la empresa de residuos tiene abierto en la vecina comunidad autónoma y «estudiarlo para realizar acciones complementarias en la parte que nos toca como afectados».
El concejal de Los Verdes recuerda que «siempre hemos dicho que parte de los vasos se encuentran en Orihuela» y avanza que la decisión de Murcia «tiene un impacto directo en los vecinos de La Murada, que solo puede redundar en mejoras para ellos, y que además han tenido el apoyo del equipo de gobierno en sus reivindicaciones».
El responsable municipal aprovecha para criticar a sus antecesores en el gobierno local «que nunca quisieron hacer nada para atender a los muradeños ni implicarse en las cuestiones medioambientales» y destaca que la queja de la pedanía siempre ha estado presente desde hace años «desde la denuncia por el paso de camiones de gran tonelaje al olor que desprende la planta, a todas luces inadmisible».
Culiáñez no quiso entrar en detalles hasta conocer la resolución de la Región de Murcia «porque lo que sé es lo que he leído en los periódicos», en referencia a la información que publicó el sábado en exclusiva este periódico.
Una de las cuestiones en las que sí entró fue recordar que existe un informe de Fomento en el que se ratifica que la ampliación prevista por Proambiente del vertedero de Abanilla «tiene afección sobre Orihuela y nuestras alegaciones han sido aceptadas», detalla el concejal, que también cita los informes del Instituto Cartográfico Nacional.
Asimismo recuerda que Fiscalía tiene entre sus manos las diligencias para esclarecer el vertido de desechos en fincas agrícolas aledañas al vertedero «un hecho que también se ve afectado por la decisión de Murcia y que nos compete de forma directa», especificó el concejal de Calidad Ambiental.
