Una recopilación de críticas vertidas en un programa de televisión hace pocos días fueron suficientes para traer a la actualidad a las polémicas e ilegales cocheras del barrio de Capuchinos.
La sola mención del asunto ante las cámaras fue suficiente para que el concejal de Urbanismo de Orihuela, Antonio Zapata, anunciara ayer con tanta prisa como solemnidad que sobre las instalaciones prefabricadas pesa desde ayer un nuevo decreto de demolición que el propietario deberá hacer efectivo en un plazo máximo de quince días. Además anunció que la notificación al propietario de la mercantil se haría ayer mismo, a lo largo de la mañana.
Se trata del segundo decreto de este tipo que el Ayuntamiento de Orihuela hace público en menos de dos años. El primero lo suscribió el antecesor de Zapata en Urbanismo, el popular Antonio Rodríguez Barberá, pero fue incumplido por el propietario y tampoco fue cumplido por el gobierno municipal.
El socialista Antonio Zapata anunció, a sabiendas de la historia que precede a la polémica de las cocheras, que su departamento acometerá el derribo inmediato, si el propietario no lo hace en el plazo marcado; y añadió que los dueños de la parcela deberán restituirla a su estado original. Según explicó Zapata, las construcciones existentes están sin licencia de actividad, o lo que es lo mismo «en situación de ilegalidad». Y matizó que a través del expediente abierto en su departamento plantean a la mercantil propietaria la «retirada voluntaria», indicó.
El responsable de Urbanismo explicó además que los gastos de la ejecución rondan los 12.000 euros, en los que no se detendrá el gobierno local si el propietario incumple la orden de desmantelamiento. Quiso también Zapata aclarar «como va a actuar este equipo de gobierno a partir de este momento», en referencia a lo que ocurrirá con instalaciones que se encuentren en una situación similar a las del Rabaloche.
Desde Urbanismo también justificaron ayer que con el ánimo de no perjudicar a terceras personas que nada tienen que ver con el conflicto, en referencia a los particulares que tienen alquiladas dichas cocheras, Zapata anunció que también se les notificará tanto en la propiedad arrendada como a través del Boletín Oficial de la Provincia, para que tengan tiempo de desalojar los utensilios y vehículos que pudieran estar dentro de cada una de las instalaciones. Se felicitó el edil por poder cumplir las reivindicaciones de la asociación de vecinos «desde hace años», y acabó el socialista Zapata explicando que la medida es el inicio del trabajo del área de Actividades, dado que en este caso arranca también la ejecución del Censo de Actividades, defendido por los reponsables del gobierno local casi desde el inicio de la nueva legislatura.
