Regresan los problemas de liquidez para la mayor contrata municipal y, lo que es peor, para el pago de nóminas a los 600 trabajadores de la concesionaria Inusa, encargada de la recogida de basura y limpieza viaria de la capital alicantina. El alcalde en funciones y concejal del área de Atención Urbana, Andrés Llorens, admitió ayer, en declaraciones a este diario, que los anticipos no han sido abonados en la primera quincena y que incluso peligra el pago de la nómina correspondiente al mes de agosto completo. El comité de empresa tiene previsto denunciar, además, ante el Juez de lo Social el incumplimiento del reciente convenio colectivo, por el impago de los atrasos con carácter retroactivo del pasado ejercicio. Trabajo contrarreloj en los despachos y en los sindicatos. El alcalde en funciones, Andrés Llorens, mantuvo ayer una conversación con el gerente de la compañía Inusa con tal de que, al menos, los trabajadores cobren la nómina del mes de agosto antes del día 31. Completa, porque el anticipo que, según el convenio colectivo de la empresa, se aplica desde siempre para dotar de liquidez a las seiscientas familias que dependen de la firma ya no se ha abonado.
El secretario del comité de empresa, Emilio López Asunción, de UGT, (no hay presidente tras dimitir el anterior, José Luis Muñoz, de CC OO) se reunió en la tarde-noche del jueves con los representantes legales de Inusa, a petición de éstos.
A la plantilla se le comunicó que no había dinero para el pago de dichos anticipos, que representan un balón de oxígeno para las economías domésticas (entre 500 y 600 euros por trabajador, en función de su categoría laboral).
No sólo eso. Tampoco hay liquidez para el abono de los atrasos que corresponden, con carácter retroactivo, de la aplicación de las cláusulas de revisión salarial del año 2010, tras la aprobación, a principios de junio del nuevo convenio, que permanecía bloqueado casi veinte meses, como ya informó este diario.
Según fuentes del comité de empresa, los asesores jurídicos de la plantilla y de los sindicatos trabajaban en la presentación inminente de una denuncia ante el Juzgado de lo Social por incumplimiento del convenio, precisamente por el impago de los atrasos del 2010. En junio, Inusa prometió que los abonaría en dos o tres semanas, como dijo en este diario Emilio López, el cual dijo que estaba muy ocupado en el sindicato UGT realizando las gestiones sobre la demanda judicial, pero, al final, no quiso realizar declaraciones a este periódico.
El alcalde en funciones, Andrés Llorens, asegura que «la situación es fruto, evidentemente, del estado financiero que atraviesa el Ayuntamiento y que es muy delicada, como todos sabemos». Considera, en dos ocasiones, como «normal» que los empleados acudan a la Justicia para «hacer valer sus derechos, aunque los trabajadores también son conscientes de la realidad y todos estamos muy preocupados tratando de evitar la extrema falta de liquidez en Inusa en base a lo que debe el Ayuntamiento».
Llorens añade que, mes a mes, se preparan las certificaciones para el pago, así como de la deuda histórica, «pero la situación no es nada buena en bancos, empresas y Ayuntamiento», admite.
Esa deuda histórica que mantiene el Consistorio alicantino con Inusa podría alcanzar los 12 millones de euros. «Confío que, al final, no se celebre el juicio por impago de salarios y atrasos», subraya Llorens, el cual insiste en sus denodados esfuerzos para evitarlo.