Una juez de Torrevieja ha pedido al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que investigue al exalcalde de esta ciudad Pedro Ángel Hernández Mateo (PP) por delitos de prevaricación y falsedad documental, por los que ella misma le mantiene imputado, en la adjudicación de la contrata municipal para la recogida de residuos sólidos. El negocio de las basuras se confirma así como una de las principales fuentes de irregularidades administrativas, cuando no de corrupción política, en la Vega Baja y el resto de la provincia de Alicante.
El máximo exponente de este fenómeno es el 'caso Brugal'. El 1 de enero de 2007, apenas unos meses después de que el empresario oriolano Ángel Fenoll desencadenase ese maremoto judicial con la entrega de unas grabaciones al fiscal anticorrupción, el concejal de Los Verdes José Manuel Dolón presentaba una denuncia por la adjudicación del contrato de Torrevieja a la firma Necso Entrecanales.
Al concurso se presentaron en 2004 tanto esta mercantil como Urbaser SA e Inusa, esta última propiedad de Enrique Ortiz, precisamente uno de los presuntos cerebros de la trama desmantelada con la 'Operación Brugal'.
Según relata la juez Isabel Flor Lorente en la exposición motivada que ha elevado al TSJ y a la que ha tenido acceso este diario, el arquitecto municipal alertó de la incompatibilidad de las tres ofertas «desde el punto de vista urbanístico». Por su parte, el economista del Consistorio apoyó las plicas de Ortiz y la secretaria de la Corporación, que formaba parte de la mesa de contratación, formuló un voto particular donde exponía «las razones por las que, a su juicio, el concurso debería quedar desierto al no cumplir las ofertas los mínimos exigidos en el pliego de contratación».
Hernández Mateo, que presidía la mesa como alcalde, decidió entonces recabar un informe jurídico externo sobre la adjudicación del servicio. Ese informe costó a las arcas municipales 12.000 euros.
En la propuesta elaborada para justificar ese pago, el entonces primer edil garantizaba que había cumplido con diversos artículo legales y había «efectuado consulta» a tres despachos de abogados por si estaban interesados: Santiago González-Varas Ibáñez, Bufete López Rodó SL y Bufete Ariño y Asociados. Lo refrendó incluso en su declaración como imputado ante la juez, a la que reiteró «haber cursado personalmente las invitaciones a los tres despachos».
Los representantes de González-Varas Ibáñez y López Rodó SL lo niegan. En sendas comparecencias como testigos ante la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Torrevieja, rechazaron tajantemente haber mantenido «cualquier clase de contacto con el Ayuntamiento», así como que se les hubiera «solicitado sus servicios en este caso».
El informe fue encargado por tanto a Ariño. La magistrada instructora considera «cuanto menos paradójico» que uno de los letrados del despacho que elaboró el documento, José Luis Villar Escurza, hubiera representado antes en numerosos procedimientos judiciales al Grupo Acciona, «conglomerado del que forma parte la empresa finalmente beneficiada».
El informe jurídico apoyaba la propuesta de Necso para hacerse con el contrato. La juez Flor cree que existen indicios suficientes de que Hernández Mateo podría haber incurrido en un delito de prevaricación y otro de falsedad documental. Y, dada la condición de aforado por ser diputado en Les Corts, solicita a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior que asuma la competencia del caso y prosiga con la investigación.
El TSJ de la Comunitat Valenciana ha dejado esa decisión para la vuelta de las vacaciones estivales, según fuentes de la institución. Pero todo apunta a que se declarará competente, según otras fuentes jurídicas. Por ahora, los magistrados sólo han emplazado a las partes a personarse en la causa como paso previo a que informen sobre la competencia. El exalcalde imputado lo hizo ayer mismo.
