La investigación de la muerte del alcalde de Polop Alejandro Ponsoda ha sufrido un vuelco de consecuencias todavía incalculables después de que la juez instructora, María Antonia Raedo, haya sobreseído el caso para los tres imputados que estaban considerados autores materiales del crimen.
En un auto fechado el pasado día 20, la magistrada establece que no puede mantenerse la acusación contra los checos Robert Franek y Radim Rakowski ni contra el español Raúl Montero Trevejo con la única prueba de las declaraciones que efectuó un testigo protegido, un exportero del club de alterne Mesalina según el cual el asesinato podría haber sido obra de esas tres personas.
«Esa manifestación no ha venido corroborada por más indicios para sostenerla, más allá de que en su día el testigo protegido proporcionara sus nombres para que en su caso se hicieran cargo de materializar el asesinato», señala la titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de La Vila Joiosa.
La Guardia Civil no halló restos biológicos de ninguno de los sospechosos en el escenario del crimen ni ha encontrado las armas con que se cometieron.
Para Raedo, el hecho de que Franek, que está defendido por la letrada Mariana Ivanov, Montero Trevejo y Rakowski cuenten con un amplio historial delictivo «no puede ser considerado indicio por sí mismo». En el supuesto contrario, estaríamos ante «un derecho penal de autor hoy desaparecido de nuestro sistema punitivo».
La resolución supone un auténtico aldabonazo contra la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado y deja la causa muy tocada. Sin autores materiales, las diligencias continúan en relación al sucesor de Ponsoda al frente de la Alcaldía, Juan Cano, el empresario zapatero Salvador Ros y el dueño y el gerente del club Mesalina, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, respectivamente, como presuntos inductores del crimen.
La juez recuerda en su auto que el testigo protegido ha declarado que todos ellos participaron en diversas reuniones encaminadas a preparar el asesinato e incluso llegaron a proponerle a él «tan atroz actuación». No obstante, como querían pagarle a plazos, según consta en el sumario, no hubo acuerdo.
A pesar de esas manifestaciones, parece cuestión de tiempo que los abogados de los cuatro imputados soliciten ampliar el archivo de las diligencias para sus clientes.
Tanto unos como otros se encontraban en libertad provisional tras depositar sendas fianzas en el juzgado para poder salir de la cárcel, a excepción de uno de ellos, Radim Rakowski, que no hizo frente a caución alguna porque no pudo reunir el dinero para ello.
Además de exculpar a los hasta ahora presuntos autores materiales del crimen, la magistrada Raedo dictó a principios de este mes otro auto por el que vuelve a rechazar reabrir la línea de investigación relacionada con la vida personal del fallecido.
El auto de archivo para Franek, defendido por la letrada Mariana Ivanov, Montero Trevejo y Rakowski ha generado cierta sorpresa entre las defensas, ya que la decisión ha sido adoptada por la juez de oficio y no en respuesta a una petición previa.
Fuentes próximas al caso consultadas por este diario aventuraron que la Fiscalía puede plantearse ahora variar su estrategia para acusar a Cano y a los tres imputados un delito de conspiración para el asesinato en lugar de un asesinato en grado de autoría intelectual o por cooperación necesaria, lo que cerraría la posibilidad a que el juicio se celebrara ante un jurado.
En esa vista, los tres exculpados se convertirían en testigos. El Ministerio Público no recurrirá el auto de la juez, pero sí podría hacerlo la acusación particular, que ejercen las hijas de Ponsoda.
