Tres plenos, tres. Así se despachó ayer la Corporación municipal oriolana toda una mañana dedicada a aprobar cuatro puntos de los distintos órdenes del día de las sesiones. La última de ellas fue la más polémica por su convocatoria, realizada por el grupo municipal socialista, y por su contenido, de un lado iniciar el expediente para proceder a la anulación del contrato de la basura y, por otro, privar de sus competencias en la mesa de contratación y en la junta de gobierno a los tres concejales imputados en el Caso 'Brugal'. Con ganas de jaleo saltaron a la arena los munícipes, en especial la portavoz socialista, Antonia Moreno, que por ser la convocante abría y cerraba los turnos de palabra.
Moreno entró fuerte, y a sabiendas de que el voto iba a ser negativo por parte de los populares, se dedicó a recordar los pormenores de la operación policial, ahora ya en los juzgados, y a decir alto y claro que había solicitado este Pleno «para iniciar un expediente a una UTE tras cuyas siglas se esconde el empresario de la basura». Moreno presentó a Ángel Fenoll como el encargado de poner a Mónica Lorente en la Alcaldía y como la persona «que gobierna este Ayuntamiento», además de acusarlo de pagar la última campaña popular.
Del mismo modo justificó la convocatoria de la sesión porque, aunque hace unos meses que celebraron una con el mismo punto, la declaración ante el juez del exgerente de Sufi, Luis Bracho, en la que afirmó que Ángel Fenoll estaba detrás de las mercantiles Liasur y Gobancast, le ha obligado a volver a buscar el inicio de ese expediente de rescisión de la contrata. Avalada por sus compañeros de CLR y Los Verdes, la socialista se detuvo en el hecho de que Bracho dijo al juez que tenía un censo del municipio «con el número de personas y las calles de donde viven», que, aseguró, ella ha intentado conseguir sin lograrlo «porque es imposible e ilegal», y se preguntó quién le da los censos a Fenoll ya que supuestamente fue él quien se los pasó al exresponsable de Sufi.
Acusó a la alcaldesa de seguir un guión escrito y de solicitar un informe al secretario que adelantó para que el grupo de gobierno no lo usara como escudo en el Pleno, en el que se dice, según Moreno, que la competencia para la revisión de un contrato la tiene el Pleno. El encargado de defender este punto en la bancada popular fue el concejal de Contratación, David Costa, quien acusó a la portavoz del PSOE de llevar al Pleno, de nuevo, el Caso 'Brugal' «cuando pensaba que íbamos a debatir un procedimiento administrativo». Costa no esgrimió el informe anunciado por Moreno, sino que se limitó a asegurar que su grupo diría que no a la propuesta de acuerdo, primero porque los hechos se investigan por la vía penal «y la ley dice que no se puede rescindir un contrato por la vía administrativa cuando está en la Penal», y en segundo lugar, porque consideró que en la propuesta de acuerdo del PSOE no existía ningún documento para anular el contrato.
El edil pidió «prudencia» a sus compañeros de la oposición a la hora de hablar del contenido del sumario del caso que está en los juzgados y bajó al terreno de lo personal para recordar a Moreno que ella aparece en dos ocasiones en ese sumario, «vendiendo a La Murada por un puñado de votos» y con un informe que llevó al Fiscal en octubre del 2009 que dijo que era «independiente». El concejal de Contratación añadió que todos los asuntos llevados en este mandato por los socialistas se habían archivado y apeló a la falta de una sentencia judicial firme para poner en marcha ningún tipo de proceso que anule la contrata.
Como era de esperar, tanto CLR como Los Verdes apoyaron al PSOE en la votación mientras que el PP volvió a decir que no en bloque, en esta ocasión con la presencia de Araceli Vilella y Eva Ortiz en sus filas, las dos ediles que faltaron en el anterior Pleno en el que se debatió este mismo punto.
