El concejal de Urbanismo de Orihuela, Antonio Rodríguez Barberá, admitió hace unos días que no le consta que exista un censo que contemple las decenas de viviendas que corren riesgo de desplomarse, salvo que sobre ellas sobrevuele un decreto de ruina del Ayuntamiento Oriolano. Como es obvio, sólo aquellas que tienen ese decreto aparecen en los archivos municipales, pero son decenas en el casco histórico las que levantan los recelos y el miedode los residentes a su hundimiento o a que caigan cascotes, las que preocupan a los vecinos de las mismas.
En las últimas semanas, han sido varias las edificaciones sobre las que se han instalado vallas de protección para evitar que los viandantes puedan sufrir daños en caso de que se desprendan cascotes de sus fachadas. Es frecuente que los transeúntes miren con desconfianza la fachada de un edificio en la calle San Gregorio en el que se ha colocado unas planchas protectoras. También ha llamado la atención la valla perimetral situada en torno a la marquesina de madera del edificio con la fachada verde que hace esquina en la calle Loaces con Alfonso XIII; Sin olvidar la llamativa lona y el aparatoso apuntalamiento que reinan en la fachada principal de la conocida como Casa Racionalista, junto a la plaza del Marqués de Rafal, en pleno arranque de la calle Mayor y el claustro de la Catedral.
Es llamativo el gran número de casas deterioradas en el barrio de San Juan, como lo es también la panorámica que ofrecen las traseras de los edificios que dan al río, por la parte de arriba del conocido como Puente Viejo, aunque estas últimas presentan menos riesgos para los transeúntes, dado que no se puede pasar andando por la zona; el mismo lugar donde hace pocos meses se aprobó en pleno un decreto de ruina sobre otra casa que hace esquina con la calle Luis Rojas, y a pocos metros de esta, ya metidos en la Plaza Nueva son visibles los desperfectos externos de al menos otras dos edificaciones antiguas.
Las quejas vecinales son constantes por la falta de diligencia de las autoridades, municipales o provinciales, a la hora de obligar a sus propietarios a asegurar las edificaciones y a minimizar los riesgos de desplome, o al menos de desprendimientos de elementos arquitectónicos de fachadas y cubiertas.
