Los detectives se han dedicado mayoritariamente en España a los fraudes contra las compañías de seguros o a los asuntos de 'cuernos'. Pero hace unos años encontraron un filón en la corrupción política. El empresario Ángel Fenoll, uno de los principales acusados del 'caso Brugal', recurrió a los servicios de uno de estos profesionales para seguir controlando el negocio de las basuras en la Vega Baja. Por su parte, un juez sigue investigando la trampa tendida por otro detective al edil de San Fulgencio Manuel Barrera con la aparente connivencia del equipo de gobierno socialista. Y el promotor del Atrium, Francisco García, contrató a una agencia de Sevilla para demostrar el supuesto chantaje del que estaba siendo víctima por parte del concejal de La Vila Pedro Lloret. Según ha podido saber este diario por fuentes próximas al caso, una juez de Alicante ha llamado recientemente a declarar al detective que grabó la reunión donde ocurrieron presuntamente los hechos.
Cristina Ferrández, titular del Juzgado de Instrucción 4 de Alicante, pretende que este testigo ratifique el informe que elaboró previo pago del denunciante. También tiene previsto interrogar a un abogado con despacho en Valencia. Sin embargo, la prueba determinante en este procedimiento puede radicar en la declaración del presunto intermediario que trasladó a García la oferta de Lloret.
Al parecer, se trata de un conocido de ambos. El empresario sostiene que le informó de que Lloret estaba dispuesto a retirar las demandas interpuestas contra el complejo hotelero a cambio de una cantidad de dinero que no ha trascendido.
El concejal implicado en esta causa resultó elegido en la última legislatura por la lista del partido Iniciativa Independent (II). Lloret ha negado tanto públicamente como en sede judicial las acusaciones vertidas por García. El regidor se ha destacado en los últimos años por desplegar una lucha jurídica frenética contra las obras del Atrium Beach, llamado a ser el mayor complejo hotelero de toda Europa.
Provisto de las grabaciones realizadas por el detective, García decidió acudió acudir a la Fiscalía en el año 2009 para denunciar el presunto chantaje. El fiscal anticorrupción, Felipe Briones, estudió la documentación y remitió luego el asunto a los juzgados al apreciar indicios de una posible conducta criminal.
El directivo de la importante cadena hotelera Magic Costablanca mantuvo en abril del pasado año ante la juez Ferrández que Lloret le solicitó dinero a través del intermediario para no proseguir con sus acciones en los tribunales contra las irregularidades detectadas en las obras del Atrium.
El fiscal, a la expectativa
El promotor está ejerciendo la acusación particular en la causa y a través de su abogado solicitó hace unas semanas la declaración del detective y un letrado de Valencia, según las fuentes consultadas. El fiscal Briones permanece a la expectativa del resultado de esas diligencias y el interrogatorio del presunto intermediario.
Lloret, que está imputado por un delito de cohecho, es el actual portavoz del grupo municipal de II. Desde principios de la pasada década se convirtió en el verdadero azote de las irregularidades apreciadas en las obras del complejo proyectado en la Cala de La Vila. Pero también ha combatido sin descanso en los tribunales toda la política urbanística desplegada por el Consistorio.
Sus recursos han llevado varias veces al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a tumbar no pocos planes parciales y de actuación integrada (PAI) aprobados por el entonces alcalde, José Miguel Llorca (PP).
El concejal denunciado por García participó en el anterior equipo de gobierno, comandado por el socialista Gaspar Lloret y que sumaba a cuatro partidos: el PSPV-PSOE, el Bloc, II y Esquerra Unida. Sin embargo, un compañero de formación, Francisco Manuel Pérez Melero, se pasó a finales del 2008 al grupo de no adscritos de la corporación tras alegar desavenencias con su portavoz y asegurar que se sentía «maltratado» por él.
El siguiente paso fue una moción de censura que otorgó el poder al portavoz del PP, el actual primer edil Jaime Lloret, en detrimento del socialista Gaspar Lloret. El concejal de IU y la promotora del Atrium han mantenido durante estos años una guerra incruenta con demandas cruzadas en los tribunales, del que el último episodio es la denuncia por chantaje.
