Una agencia de detectives contratada por el empresario José Antonio Alavés no sólo grabó una conversación de éste con el concejal Juan Zaragoza sobre el contrato para el montaje de escenarios en eventos culturales y festivos. También hizo lo propio con uno de los dos técnicos imputados en el denominado 'caso Isjoma', Diego Agulló, según ha podido saber ahora este diario por fuentes jurídicas.
Ese funcionario, que desempeña actualmente su labor en la Concejalía de Comercio, será interrogado a mediados del próximo mes de marzo por el juez Jesús Gómez-Angulo.
El titular del Juzgado de Instrucción número 8 ha ordenado esa y otras diligencias a instancias del fiscal anticorrupción, Felipe Briones, y la acusación particular para tratar de avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Al parecer, una detective con despacho en la ciudad captó con sistemas de vídeo y audio dos conversaciones que habrían mantenido en días diferentes Agulló y el denunciante.
Alavés sostiene que hubo una suerte de complot para perjudicarle a él y beneficiar a su rival en el concurso público, Isidro García, de la mercantil Isjoma SL., que había presentado una oferta 960.000 euros más cara que la suya.
El denunciante se valió de los investigadores privados para probar sus acusaciones. El concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, declaró como testigo ante el juez el pasado 1 de octubre. Durante su comparecencia, tuvo que escuchar una grabación -protegida hasta entonces por el secreto sumarial- donde se recogía una conversación suya con Alavés en el despacho de este último, en el transcurso de una reunión celebrada en febrero de 2009.
A su salida del juzgado, el edil estalló. «Si llego a saber que Alavés me iba a grabar, le rompo la cara. Ha tirado cuarenta años de amistad por la borda. Es una vergüenza que me incitara a cometer un delito», se sinceró a preguntas de los periodistas.
Zaragoza aseguró además que la grabación estaba incompleta, pues duraba unos 57 minutos cuando su encuentro con el empresario se había prolongado más de hora y media. Por esa razón, el juez instructor, que no ha facilitado todavía a los abogados copias del DVD, ha solicitado a la agencia de detectives que aporte el contenido íntegro de las imágenes y el sonido.
Gómez-Angulo está investigando si el dueño de Isjoma pagó algún soborno para que le adjudicaran el contrato. En las diligencias están imputados por el momento el propio empresario, el citado técnico y el jefe de área de la Concejalía de Atención Urbana, Víctor López.