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La declaración de un agente inmobiliario llevó a la Guardia Civil hasta el concejal Cartagena

REDOVÁN

La declaración de un agente inmobiliario llevó a la Guardia Civil hasta el concejal Cartagena

Los investigadores siguieron durante meses a los imputados que se reunieron en San Carlos, Alicante y Valencia y se llamaron cientos de veces con sus móviles

19.01.11 - 01:12 -
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El levantamiento del secreto de las actuaciones en la trama que presuntamente articuló el 'cambiazo' de documentos en el concurso del agua de Redován, ha empezado a arrojar luz a la causa. Un informe de la brigada judicial de la Guardia Civil de Almoradí, fechado el pasado 20 de octubre, apunta que la declaración del agente inmobliario Benjamín Rocamora, fue la clave para que los agentes apuntaran al edil José Manuel Cartagena como uno de los principales artífices de la presunta falsificación de documentos que, por ahora, ha bloqueado el concurso de adjudicación del concurso de mantenimiento del agua potable y el alcantarillado.
En su comparecencia, a primeros de octubre, este corredor de fincas indica que conocía la existencia de la contrata por el propio concejal, que se lo comunicó, según su propia versión, varios meses antes; e incluso que asistió a varios encuentros con otros intermediarios, presuntamente relacionados con la UTE Acciona-Bluesa, tanto en el barrio de San Carlos como en el Hotel Meliá de Alicante, dado que su objetivo final era ganar una «comisión» por sus servicios a la mercantil y que ésta había quedado fijada en el 2%. Finalmente, Rocamora indicó a los agentes la posibilidad de que se hubieran producido nuevas reuniones en el Consistorio entre mediadores y políticos, sin poder precisar sus participantes, ni de qué hablaron.
Por su parte, la alcaldesa de Redován, Leticia Bas, que denunció la presunta falsificación de documentos en julio, sí admitió en su comparecencia ante la Guardia Civil que en otra adjudicación, esta vez de la recogida de aguas pluviales, el concejal José Manuel Cartagena manifestó su interés porque lo ganara la firma Bluesa, aunque al registrarse un empate en la valoración se sorteó y perdió.
En la misma dirección, los agentes de la Benemérita consideran en sus informes que de la declaración de Rocamora se desprende que presuntamente el concejal José Manuel Cartagena «junto con otras personas pudiera haber desarrollado una supuesta conducta tipificada como supuesto delito contra la Administración Pública».
«Va a ser bueno para todos»
Los investigadores del caso, sostienen que el mandatario de Bluesa contactó en varias ocasiones y «en fechas claves», con el ingeniero técnico municipal Alberto Murcia, quien en su declaración ante la Guardia Civil sostuvo que «tuvo una conversación con el gerente de la empresa Bluesa el cual le dijo 'mira a ver lo que puedes hacer para que tengamos más puntuación'»; e incluso que minutos antes de esta charla, el concejal Cartagena le advirtió que recibiría dicha llamada, así como que el edil le comentó que «iba a ser bueno para todos».
La Benemérita también imputa a un empleado de Acciona -que acudió al concurso con Bluesa-, Rodrigo Labrador, al considerar que «existen indicios razonables de haber mantenido continuos contactos con el concejal Cartagena orientados supuestamente a que su empresa obtuviera una última valoración en el concurso (...) y que al parecer asistió a una reunión en el Hotel Meliá de Alicante donde ofertó 100.000 euros con esta finalidad», extremo que negó Labrador ante la Guardia Civil.
142 llamadas entre móviles
La búsqueda de pistas para intentar desentrañar la trama del 'cambiazo' lleva a los agentes de la Guardia Civil a averiguar que entre el edil imputado, José Manuel Cartagena, y el consejero delegado de la empresa Bluesa, Antonio García Casas, aspirante a ganar el concurso, se cruzaron en pocos meses hasta 142 llamadas de móviles. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue que dichos contactos también se produjeron en horarios inusuales, dado que se realizaron de madrugada, detalle que para los investigadores denota «una relación algo más que profesional».
También las realizadas cerca de las fechas clave «como puede ser la apertura de plicas (14-06-2010), adjudicación provisional del proyecto (21-06-2010, y el día que se descubre la sustracción y falsificación de la documentación (22-07-2010)», recogen los agentes de manera literal en su informe. Este «gran flujo» de llamadas se registra desde mayo hasta el 22 de julio de 2010.
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