«¿Me pregunta qué voy a hacer? Usted no lo puede entender. Es joven y tiene trabajo», reprocha Simón a esta redactora al plantearle cómo saldrá adelante cuando le supriman la ayuda extraordinaria de 426 euros del Gobierno destinada a los desempleados que han agotado la prestación.
Es su único ingreso y está desesperado. Vive en la casa una de sus hijas, con la que colabora en el alquiler. Su mujer está enferma, él se encuentra en edad laboral, pero sigue desocupado, lo que le hace sentir demasiado mayor. Tiene la esperanza de que al final el «señor Zapatero» echará atrás la medida. «Simón, que te la van a quitar. A mi mujer ya se lo han dicho», interviene Carlos Alberto, mientras ayuda en la descarga de cajas de comida que una ONG acaba de recoger del Banco de Alimentos de Alicante.
Ruegan por dos paquetes de leche y otros tantos de arroz por mucha vergüenza que sientan. Simón prefiere no salir en fotos. Carlos no tiene problemas en posar para el fotógrafo y aparecer en primer plano a pesar de que su situación económica es de lo más precaria y las dificultades por las que esta pasando también le tienen en un sinvivir.
En la provincia del siglo XXI, en esa en la que se ha fijado el multimillonario Bill Gates para implantar un centro de Microsoft puntero en innovación sanitaria; en la de la Volvo Ocean Race; en la de un Hércules de primera, en la del jolgorio y la pólvora, y en la de la marca de la Costa Blanca que promociona el jugador de la NBA Pau Gasol, pues en esa misma ya hay miles de familias que están viviendo de la caridad. Y el cerrojo de las arcas públicas estatales con el fin de los poco más de 400 euros está generando más miseria.
Los primeros afectados por la medida han empezado a pulular de una a otra ONG después de pasar por unos Servicios Sociales desbordados y sin capacidad para darles respuesta. Les van a desahuciar y Carlos Alberto puede ser uno de los ellos si antes no se produce un milagro.
Desde CC.OO. se cifró a principios del pasado mes de diciembre -cuando Zapatero anunció la medida- que la supresión iba a afectar a partir de febrero a más de 15.000 parados. Unas cifras que ha sido difícil poner voz y, sobre todo, rostro porque los afectados sienten apuro a la hora de dar la cara -no quieren que los vecinos sepan de su bancarrota- y, además, porque las ONG con las que se han contactado han estado durante esta semana con más ajetreo del habitual.
El motivo es que el Banco de Alimentos inició el pasado lunes el reparto de 320.000 kilos de productos entre las 218 ONG que están actualmente inscritas en la provincia. Se trata de la última fase de la ayuda europea de 2010, y que ha venido con retraso por los trámites burocráticos. Una demora que ha desesperado a las organizaciones sociales, que están acudiendo con sus furgonetas a recoger los kilos que les han asignado, preocupadas porque hasta el próximos mes de junio no se producirá el siguiente reparto. Esta situación también trae de cabeza al vicepresidente del Banco de Alimentos, Juan Vicente Peral, aunque confía en que estos «meses de desierto» se suplan con las donaciones privadas que, afortunadamente, están aumentado. El problema es que ya son 12.250 familias a las que se atienden (49.000 alicantinos) y se prevé un incremento de solicitantes del 10% por culpa de los 'sin 426 euros'.
«¿Qué vamos a hacer durante tantos meses sin comida? Con tanta gente que tenemos sólo podemos entregar dos paquetes de leche por persona; ¿cuánto le puede durar a una familia con cinco miembros?», se plantean desde la Asociación Humanitaria Americana.
Carlos Alberto (39 años), cocinero y miembro de esta entidad, es uno de ellos. Casado y con una hija pequeña, a su mujer le han notificado el fin de la prestación extraordinaria, con la que a duras penas «íbamos saliendo». Se ha recorrido la provincia buscando trabajo «en lo que sea» y ya debe 820 euros de dos meses de alquiler, que la propietaria le está reclamando. «Nos van a desahuciar». Dice que su hija -demasiado pequeña para entender de números rojos- sigue pidiendo aunque ya no espera recibir nada. «No espera que la llevemos a un parque de atracciones, ni que le compremos un juguete, ropa y que no lleve zapatillas con agujeros».
Exactamente 113 euros es lo que le quedaba el pasado jueves en la cuenta a Ana, otra de las afectadas. Procedente de la República Dominicana, reside desde hace diez años en Alicante. Con dos hijos de 23 y 9 años que están estudiando, asegura que «ya me han quitado» los 426 euros. «Imagínese cómo vamos, tirando. Mi marido tampoco encuentra trabajo y hay que pagar luz, agua, el alquiler...».
En una situación similar se encuentra la alicantina Elena García (39 años). Tiene tres hijos de 20, 18 y 14 años y un nieto que también vive con ella. Demasiados para sostenerse con una ayuda familiar de 426 euros. Y se lamenta porque su pareja ya no va a poder acceder a la del Gobierno. «Estoy muy jodida. Siento hablar mal, pero es lo que hay. Toda mi vida currando para acabar así. Siempre me contestan lo mismo en todos los sitios en los que busco trabajo, 'ya te llamaremos', pero nunca llaman. Me va a tocar vender la casa después de estar cinco años pagándola».
Decepcionada de la política -«mi voto será en blanco»-, ha acudido a la sede de la Asociación Humanitaria Americana el día de la entrega de la comida, al igual que María Yolanda (48 años), natural de Valladolid, pero que lleva prácticamente toda su vida en Alicante. «A mi marido le han dicho que como es un parado de larga duración se la van a quitar». Apoyada por algunos pocos vecinos, dice que limpia, cose, cuida de personas mayores... unos «trabajitos» que cuando salen tampoco dan para alimentar a cinco bocas a pesar de hacer malabares con la comida.
Arroz, azúcar, cereales, Cola-Cao, espaguetis, fideos, macarrones, galletas, leche maternal, entera y harina son algunos de los alimentos que se seguirán repartiendo durante las dos próximas semanas entre las diferentes organizaciones.
«A las ONG nos ha caído una responsabilidad que no esperábamos», matiza el vicepresidente, que está agobiado ante tanta demanda que diariamente le llega por parte de nuevas entidades sociales que se están dando de alta para acceder al Banco de Alimentos.
Mientras, Simón, que sigue dándoles vueltas a todos sus problemas, advierte -mostrando el dedo pulgar de la mano derecha hacia abajo- de que «aquí va a pasar como en Argentina», refiriéndose a que caerá en picado. Y vuelve a preguntar: «¿Usted que es periodista, de verdad que nos van a quitar los 426 euros?».
