La declaración del alcalde de Catral, Aurelio Albero, y del concejal de Urbanismo, Antonio Bellido, se ha aplazado por parte del Juzgado Número 3 de Orihuela. El equipo de gobierno presentó ayer un recurso de reforma al considerar que en la querella, por entrar en el geriátrico del municipio bajo una orden judicial, «se han ocultado datos y sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana», explicó Bellido.
Tanto el primer edil como el responsable de Urbanismo no tuvieron que testificar por abrir la puerta del centro de mayores. El Ayuntamiento solicitó irrumpir en el centro para observar en qué estado se encontraban las instalaciones, si bien uno de los socios de la empresa adjudicataria C-2000 puso una querella criminal.
No obstante, los ediles catralenses denunciaron que la parte denunciante no presentó todos los informes relativos a este caso. Sobre todo advirtieron de la sorpresa del juez «al comunicarle que hay una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche y otra que la avala del TSJ». Bellido dijo que «la persona que ha denunciado sabe de las dos sentencias que nos da la razón, pero intentan hacernos una foto en los juzgados, porque ahora se quiere judicializar la vida política».
En cualquier caso ambos responsables municipales del Partido Popular han presentado un recurso de reforma con el expediente del geriátrico y el proceso para rescatar la concesión a la mercantil C-2000.
El edil de Urbanismo criticó que «esta querella la puso uno de los socios de la empresa, que ahora mismo está desacreditado porque no pinta nada, y el juzgado de Lo Mercantil es quien dirige ahora la empresa al encontrarse en concurso de acreedores».
El equipo de gobierno defendió de esta forma en los juzgados que el proceso para rescatar la concesión administrativa se hizo de forma correcta. Bellido quiso dejar claro que «en ningún momento hemos ido en contra de los derechos fundamentales, hemos realizado acuerdos de Pleno, notificaciones y hay un expediente que consta de cuatro tomos».
En este sentido el edil catralense expuso que «hemos tratado de velar por los intereses del pueblo en todo momento, puesto que al ser una concesión el edificio estaba sobre suelo público y no podíamos permitir que hicieran dentro lo que quisieran».
El centro geriátrico se encuentra desde la pasada legislatura pendiente de su apertura. La empresa adjudicataria C-2000 no ha llegado a abrir las puertas, ya que realizó modificaciones sobre el proyecto inicial, y además entró en concurso de acreedores. Por este motivo desde el equipo de gobierno se llevan conversaciones desde hace varios meses para rescatar la concesión, un proceso complejo. El regidor dijo que se había mantenido una reunión entre responsables del Consistorio, acreedores particulares y representantes de entidades bancarias para llegar a un acuerdo.
