Down España y el Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI) instan a estos colectivos a denunciar casos de discriminación como el sucedido en un local de Alicante, en el que el dueño echó a 13 jóvenes con síndrome de Down, y pidieron celeridad en las sanciones de este tipo de situaciones. Así, el gerente de Down España, Agustín Matía, señaló que desde la asociación «apoyan plenamente» la denuncia que ha hecho Down Alicante porque «en estos tiempos no tiene ningún sentido contemplar casos de discriminación de este tipo».
Además, mostró su repulsa hacia «un caso claro de discriminación» y subrayó que la sociedad debe seguir atenta porque en este tipo de asuntos se debe partir de «tolerancia cero». Asimismo, destacó que posiblemente haya más ejemplos que la gente no llega a denunciar. A pesar de ello, asegura que al año pueden llegar dos o tres casos que son sancionados en el momento en el que hay denuncia.
Por su parte, la delegada del CERMI para la Convención de Naciones Unidas, Ana Sastre, señaló que, en general, las personas con discapacidad sufren casos similares al de Alicante «con demasiada frecuencia». Así, indicó que desde 2008 editan un informe sobre derechos humanos y discapacidad en los que se recogen datos concretos de discriminación de personas con discapacidad intelectual que han sido excluidos, y en la que aparecen varios ejemplos, uno de ellos sancionado.
Sastre considera que la valoración es una discriminación «clarísima» y corresponde a unos prejuicios en que «los ciudadanos con discapacidad son ciudadanos de segunda y no tienen derecho a entrar en un local a tomarse una cerveza», algo que, según resaltó, «está fatal». Por ello, ve necesario que se sancionen este tipo de actuaciones de una forma pública para que no vuelvan a suceder. En ese sentido, subrayó que «este caso es uno de los que salen a la luz pero posiblemente haya muchos más que no salgan».
En cuanto a las denuncias, explicó que se puede recurrir a los juzgados o se puede solicitar que se sancione administrativamente que, a su entender, tiene un «problema gravísimo» de inactividad. Concretamente, Sastre destacó que desde el CERMI han denunciado más de seis acciones que incurren en discriminación y no se ha fallado ninguna. Además, concluyó que no se denuncia lo suficiente.
Asimismo, Sastre recordó que «incluso ha habido situaciones en las que la discriminación para participar en actos públicos ha venido por parte de administraciones publicas, en concreto, en el Ayuntamiento de Torremolinos.
Finalmente, expresó la «necesidad» de que haya una concienciación social de todos porque las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que otros».
