Los presupuestos municipales para el año próximo, valorados en casi 92 millones de euros, siguen su curso. Ayer se aprobaron, como estaba previsto, en solitario por los ediles del gobierno municipal del PP. Pero las previsiones económicas municipales quedaron en un segundo plano frente a otras cuestiones como el asunto de los 210 teléfonos móviles que según el portavoz de Izquierda Unida, José Manuel Martínez Andréu, figuran a disposición de los «órganos de gobierno». Al paso ello salió el portavoz popular y edil de Hacienda, Joaquín Albaladejo, quien no dudó en sacar en el Pleno uno de las varias decenas de teléfonos híbridos, es decir que tarifican tanto a móviles como a teléfonos fijos, que posee el Ayuntamiento y que según Albaladejo «están entre las 210 líneas» de la polémica, con la única misión que la de «ahorrar costes». Éste acusó a Martínez Andréu de «no haberse estudiado ni el presupuesto ni las cuentas generales de los años 2007 a 2009», así como de «no haber indagado ninguna factura».
Albaladejo cuantificó, una por una, la cantidad de tarjetas de móviles que posee el Consistorio, aclarando que es falso que se hayan gastado 400.000 euros en este uso, reconociendo que el gasto anual asciende a 53.000 euros. Otra de las cuestiones que más debate generó en la sesión fue a cuenta de las afirmaciones realizadas por el portavoz del grupo de Los Verdes, José Manuel Dolón, que aseguró que los presupuestos contemplan una partida de casi 16 millones de euros, para pagar una serie de deudas por expropiaciones a una mercantiles, entre ellas Proyectos La Cañada, a la que el alcalde adquirió las fincas que luego vendió a un grupo de promociones urbanísticas y con las que obtuvo unas cuantiosas rentas.
Albaladejo respondió a Dolón que «noto su alegría en la defensa de grandes propietarios de terrenos en la ciudad». Posteriormente aclaró el portavoz popular que en los presupuestos existe una partida económica sometida «a enajenación para adquisición de terrenos con usos urbanísticos», con el fin de «capitalizar al Ayuntamiento para esas adquisiciones». Y todo ello en previsión de la posible existencia de una sentencia, «que todavía no existe», para hacer frente a una serie de expropiaciones «que nacen de la aprobación del PGOU a cargo del PSOE en 1986». Albaladejo indicó que «una vez más es un intento baldío de manipulación de Dolón para dañar al mejor alcalde de la democracia que se va a marchar a voluntad propia».
El portavoz vigente del grupo del PSOE, Manuel Vera catalogó el presupuesto como «marcado por la economía actual de crisis» y lo calificó de «plano y sin imaginación», aunque reconoció el esfuerzo de la previsión de reducir la deuda viva durante el próximo ejercicio en más de tres puntos. También exigió a la diputación y en concreto al diputado Domingo Soler, la apertura del parque de bomberos, en tanto en cuanto «el ayuntamiento prevé una aportación al consorcio provincial de 600.000 euros».
