El pinchazo de la burbuja inmobiliaria primero y la crisis económica generalizada después no sólo han provocado los cierres de miles de pequeñas y medianas empresas y el drama del despido de 2,5 millones de trabajadores en toda España desde finales de 2007 hasta situar la tasa de paro en un 20%, sino que la recesión también ha hecho mella en las habitualmente depauperadas arcas de los municipios. Un gran pellizco de los ingresos municipales provenía de la actividad urbanística y la construcción, que como prácticamente se encuentra paralizada desde hace tres años no les genera retribuciones.
«Los ingresos por licencias de obras, que era la partida mayoritaria de la que se financiaban los Ayuntamientos, han disminuido entre un 60 y un 80%», confiesa Elena Bastidas, presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Han caído las aportaciones que percibían en materia de impuestos debido a la liquidación de empresas y se han reducido las transferencias del Estado. «En los últimos tres años han disminuido entre un 20 y un 24%», incidió.
Mientras duraron los años de bonanza, los Consistorios gastaron unos 850 millones de euros por la prestación de servicios que se encuentran fuera de su competencia, como la atención a los inmigrantes, la limpieza de barrancos o en materia de seguridad. Se han creado una obligación que ahora, con ingresos mermados, no pueden afrontar.
Son los llamados servicios impropios y los alcaldes reclaman una financiación por parte de la Administración para poder mantenerlos o que el Gobierno se haga cargo de ellos. Elena Bastidas, que también es alcaldesa de Alzira, pone el ejemplo de que si en su término municipal hay un centenar de barrancos y la Confederación Hidrográfica interviene en la limpieza de alguno, la actuación en el resto, o los que pueda, la asume el Ayuntamiento.
La responsable de la FVMP afirma que la Federación Española de Municipios y Provincias considera que el 30% de Ayuntamientos españoles llegará a final de año con unas cuentas «en las que el pasivo será mayor que el activo», lo que se conoce de manera común como suspensión de pagos. «Extrapolándolo a la Comunitat, siempre siguiendo el razonamiento de la Federación, aquí se verían afectados un porcentaje pequeño, un 3% de los Ayuntamientos», concluye la presidenta. En la Comunitat hay 542 municipios, lo que supone que 16 de ellos acabarán el año en situación de suspensión de pagos, o como se denomina en la actualidad, concurso de acreedores.
La mala situación económica está provocando que dentro de no muchos meses algunas empresas que explotaban una concesión municipal renuncien a prestar ese servicio por no cobrar, aunque en general, como reconoce Bastidas, «todos los Ayuntamientos tienen problemas de pagos», con retrasos de hasta dos años en hacer frente a las facturas «y las empresas privadas no lo pueden soportar».
El Ayuntamiento de Quart de Poblet, por ejemplo, recibió el pasado mes de noviembre un requerimiento de la empresa suministradora de electricidad para que saldara su deuda de 308.000 euros o le cortaba la luz, cuestión que no llegó a suceder. Otro municipio que se encuentra en serias dificultades es el de Cullera, según han coincidido en señalar varias fuentes, al que alguna empresa concesionaria le ha amenazado con abandonar la concesión si no empezaba a pagarle. Pero es en los momentos difíciles cuando más se agudiza el ingenio. Los alcaldes están aprovechando las facilidades que les ofrece la nueva ley de régimen local para asociar sus municipios con el fin de abaratar los servicios. Más de medio centenar de municipios negocian acuerdos de colaboración.
Desde que entró en vigor la Ley Valenciana de Régimen Local el pasado 14 de julio, aprobada a instancias de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, 11 municipios ya han arribado a acuerdos para asociarse en asuntos como transporte público, grúa, recaudación de impuestos, suministro de agua, vigilancia forestal, servicios policiales o promocionar el turismo. Los más madrugadores fueron Meliana y Tavernes Blanques, que a mediados de junio pasado pactaron un acuerdo de intercambio de recursos y servicios que ya están ejecutando.
«Uno de los aspectos clave de la Ley de Régimen Local es abrir vías legales a los Ayuntamientos para que puedan asociarse y mejorar la eficacia en la prestación de los servicios públicos para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. Esta ley deja abierta la posibilidad a que cada municipio decida la forma de compartir sus recursos», asegura el conseller Rafael Blasco.
«Es una ley muy positiva porque permite que los Ayuntamientos colaboren y optimicen sus recursos», afirma Elena Bastidas. «El de la colaboración será el camino a seguir porque aunque remonte la economía será muy difícil alcanzar los niveles de ingresos que teníamos en 2006 o 2007», asegura la dirigente.
Entre julio y agosto se ha gestado la asociación de Paterna, San Antonio de Benagéber y l'Eliana. Su intención es compartir los servicios que presta los policías locales, Protección Civil y Vigilancia Forestal. También habrá colaboración en materia cultural y deportiva, en la recaudación de impuestos, suministro de agua, atención a desfavorecidos, promoción turística y realizar planes de empleo, entre otros.
Este mes los alcaldes de Teulada y Benissa han firmado una declaración de intenciones para compartir o intercambiar servicios e infraestructuras. Algo similar sucede en Todolella y Portell de Morella, donde la Conselleria de Blasco financiará un estudio para determinar la viabilidad de su asociación. Ador y Palma de Gandia compartirán instalaciones deportivas y asesoramiento técnico.
