Los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz mantuvieron una guerra soterrada por hacerse con la contrata del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja que dio paso, tras las elecciones de mayo de 2007 y la detención del industrial oriolano junto a varios de sus hombres, a una fase de negociaciones no exenta de recelos mutuos, traiciones y golpes bajos.
El primero llegó a comentar con un colaborador directo la posibilidad de utilizar contra la UTE en la que participaba el segundo un accidente laboral con resultado de muerte, según se desprende de un informe policial del 'caso Brugal' al que ha tenido acceso este diario. La conversación de Fenoll y Vicente Gomis, ex secretario general de la Conselleria de Presidencia y administrador de varias empresas, se desarrolla sobre la una y cuarto de la tarde del 30 de abril de 2007 de la siguiente manera:
-Fenoll: Esta mañana ha habido un muerto en Murcia, de Cespa...
-Vicente: Caramba
-F: Sí ha reventado no se qué máquina, no sé qué ha pasado...a las ocho de la mañana
-V: ¿Pero algún problema de la planta?
-F: Sí...Ha sido en la planta de Cañada Hermosa. Un lío gordo y como está todo eso en España Directo y todos los follones...
-V: ¿Y eso ha sido esta mañana?
-F: Esta mañana a las ocho. Ya está al metido
-V: Ahora lo buscaré para verlo que eso nos viene bien. Lo siento por el pobre hombre, pero nos viene bien (...).
El pastel era tan apetitoso, tan caudalosa la lluvia de millones que llevaba aparejada la contrata para el tratamiento de toda la basura en la comarca, que cualquier naipe oculto podía ser útil para ganar la batalla.
En esos primeros meses de 2007 el industrial oriolano y su hijo Antonio Ángel despliegan toda su red de contactos a fin de garantizarse la adjudicación del plan, según se refleja en el sumario. Hablan a menudo con Gomis, un tipo de muchos contactos, Rafael Gregory, amigo íntimo del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y Antonio Amorós, portavoz del PSPV en la institución provincial.
Los responsables de Proambiente y Colsur tienen el teléfono intervenido por orden judicial, por lo que sus maniobras no guardan el más mínimo misterio para los investigadores, desde las presiones a concejales y alcaldes de la Vega Baja hasta los presuntos sobornos a técnicos que deben informar sobre las diferentes ofertas empresariales.
En ese periodo las maniobras en el mismo sentido de Enrique Ortiz, si las hay, quedan fuera del foco de la Policía, que aún no ha solicitado al juzgado someterlo a 'pinchazos' telefónicos. Para el constructor, la consecución de la contrata millonaria supone irrumpir y consolidarse en la Vega Baja y romper el monopolio en el sector de las basuras del que ha gozado hasta ese momento su rival en el sur de la provincia.
Cambio de escenario
Ortiz cuenta con el informe favorable a su propuesta, la de la UTE que forma con Cespa, de los técnicos nombrados al efecto por la Generalitat y Fenoll dispone del favor de los políticos de su comarca y buena parte de los técnicos alicantinos. El escenario, sin embargo, sufre un cambio inesperado tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo y las detenciones del industrial oriolano y su hijo en la primera fase de la 'Operación Brugal'.
Sus presuntos intermediarios en el negocio, Vicente Gomis y Rafael Gregory, parecen tenerlo claro ya el 18 de octubre, en una conversación posterior a una cita del primero con Ripoll:
-Vicente: No van a tener más cojones que llegar a un pacto
-Gregory: Si quiere algo, pactar y trabajar con ellos.
-V: Exacto, y pactar...
-G: Ya, eso, yo eso me lo imagino, eh?
-V: Si hay que echarle una mano a ese, pues habrá que pactarlo ya directamente con...
-G: Con Enrique, es la única, yo es la única posibilidad que veo (...).
Segundos después salen a relucir los problemas judiciales de los Fenoll, que complican sus opciones en el Plan Zonal.
-V: No, no, éstos lo tienen muy mal, hombre, están...vamos a ver, en el mejor de los casos que eso se quedara en agua de borrajas desde el punto de vista del procedimiento judicial
-G: Ellos están manchados
-V: Y claro, la adjudicación esta no se puede retorcer
-G: (...)Yo el tema lo veo bastante decantado a, a...
-V: Al 'nano' (mote que dan a Ortiz), claro
-G: Pero bastante, bastante.
Urge por tanto un cambio de estrategia. Comienza a partir de entonces las negociaciones entre ambos competidores marcada por la constitución de la Junta del Consorcio de Residuos, que preside Ripoll en la Diputación el 26 de noviembre de 2007.
Los contactos entre los implicados se multiplican. Gregory se reúne por un lado con Ortiz y por otro con Ripoll, al que el informe policial describe como el presunto cerebro del acuerdo entre ambos empresarios. Los policías les siguen, les vigilan y les graban incluso en vídeo en las puertas del hotel Meliá o de la Diputación.
El 14 de diciembre, Gregory llama a Fenoll y le comenta que Ortiz está dispuesto a «sentarse y hablar de cosas». El industrial oriolano habla ya de cantidades, de quedarse con el 25% de los beneficios que pueda darle a su competidor el contrato.
La finca de La Pistola, propiedad de Fenoll, debe entrar en el pacto, pero no tardan en surgir las diferencias y los recelos entre ambas partes. Por ejemplo cuando el de Orihuela descubre que la gente de Ortiz puede estar presionando al propietario de otros terrenos para que se los venda o que han eliminado del precontrato una cláusula que penaliza con 10 millones de euros la resolución unilateral del mismo. «Hostia, han llegado a decirle que le expropian y el contrato tiene una fuga. ¡Joder, me cago en Dios, éstos la quieren hacer. Esto se arma!», transmite Fenoll a Gregory el 15 de enero de 2008.
Hacía doce días que la UTE formada por Enrique Ortiz y Cespa se habían alzado con la adjudicación, pero la guerra con los «de allí abajo» iba a prolongarse todavía bastante en el tiempo.
