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El Inem reclama a inmigrantes casi indigentes que devuelvan hasta 6.500 euros del paro

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El Inem reclama a inmigrantes casi indigentes que devuelvan hasta 6.500 euros del paro

Trabajo dice que se limita a aplicar la ley, pero CC OO denuncia que deja a decenas de magrebíes de Elche, Orihuela y Crevillente en «total indefensión»

19.09.10 - 00:49 -
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La dirección provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem) está reclamando a decenas de ciudadanos magrebíes (trabajadores originarios de Argelia y Marruecos con residencia en Elche, Crevillente y Orihuela, sobre todo) la devolución íntegra de la prestación por desempleo, incluso con recargos del 20%, lo que supone cantidades de hasta 6.500 euros. Se trata en la mayoría de casos de familias que se hallan prácticamente en la indigencia, según alerta el servicio jurídico de CC OO en el Vinalopó y la Vega Baja. El Ministerio de Trabajo, por su parte, asegura que se limita a cumplir la legislación vigente y niega que haya acaso un mínimo atisbo de discriminación hacia el colectivo de trabajadores extranjeros.
Desde mediados del mes de julio, con la llegada de las vacaciones de verano y del colegio de los hijos, muchas familias magrebíes con permiso de residencia y trabajo en la provincia, aunque sus progenitores estén en el paro y cobren por ello una prestación del Estado, han aprovechado para visitar a sus familiares en Marruecos y Argelia.
Lo que no sabían estas familias es que, a su llegada de regreso a Alicante, el Inem les iba a reclamar cantidades de dinero muy fuertes. En la práctica totalidad, el importe íntegro de la prestación por desempleo recibida en los últimos meses. La normativa actual, según un decreto legislativo del año 2000 que aprueba la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, establece tanto para los ciudadanos comunitarios como para los que no lo son que tienen un máximo de 15 días para abandonar España durante el tiempo en el que son beneficiarios de la prestación por desempleo.
Ahora, y debido a las necesidades de estrechar el control del gasto en el departamento del Estado que más dispendio social soporta en tiempos de crisis, la dirección provincial del Inem está enviando decenas de comunicaciones en las que informa de que la situación supone la suspensión o extinción del derecho al «producirse un cobro indebido» del subsidio. El Inem aporta incluso una cuenta corriente del Banco Santander y un boletín de ingreso ya cumplimentado cuya copia, una vez diligenciado el ingreso, el inmigrante debe entregar en su correspondiente oficina de empleo de Elche, Crevillente y Orihuela. De no pagar, el Inem advierte de que restará el dinero a futuro, en caso de que el trabajador extranjero (también ocurre en el caso de los comunitarios) vuelva a ser beneficiario de esta prestación contributiva. Además, en el supuesto de realizar el «reintegro o compensación», o la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, con posterioridad a treinta días reglamentarios, la cantidad se verá gravada un 3% el primer mes, un 5% el segundo, un 10% el tercero y un 20% a partir del cuarto mes de retraso. Además, el Inem se reserva la vía de apremio, o sea del embargo de bienes, a partir del mes siguiente sin tener noticias del perceptor.
La situación está generando gran angustia en el colectivo magrebí del Vinalopó y de la Vega Baja, el más afectado en este supuesto de falta de cumplimiento de la normativa laboral. Según denuncia a este diario el responsable del servicio jurídico del Citmi-CC OO en estas dos comarcas, Jamal Chaibi, «nuestras oficinas se están colapsando en las últimas semanas, porque son muchos casos y se deja a la gente en total indefensión».
Chaibi asegura que los trabajadores en paro obligados a devolver dinero «están casi en la indigencia, porque no tienen ni para pagar luz, agua y menos los libros del colegio de sus hijos por culpa de la crisis y el paro». Esta situación afecta a trabajadores que cobraron la prestación incluso en el 2007 y el 2008, afirma Chaibi. Fuentes oficiales del Inem aseguran que «no se puede alegar desconocimiento de la ley», en alusión a los 15 días de salida del país. «No hay discriminación alguna por razón de origen, porque tanto los comunitarios como los extracomunitarios firman el documento de la prestación y tienen derechos, pero también obligaciones», añaden desde el Ministerio. En el caso de los no comunitarios, el Inem de Alicante les exige la entrega del pasaporte y eso les está delatando.
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Ciudadanos magrebíes en la zona comercial de Crevillente. :: CMA


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