La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, ha emitido un informe en el que avala las medidas correctoras impulsadas por la Autoridad Portuada de Alicante (APA), respecto a la actividad de carga y descarga de graneles al aire libre. Representantes vecinales de los alrededores del Puerto vienen denunciando esta tipo de actuación, hasta el punto de que el propio Luis Díaz Alperi, cuando era alcalde y, a la vez, miembro del consejo de administración del Puerto, solicitó la introducción de medidas para evitar la posible contaminación atmosférica.
El informe de la Conselleria, emitido por el director territorial en Alicante, Ramón Rizo Aldeguer, llegó hace unos días a la Gerencia Municipal de Urbanismo. Fue emitido a instancias del Ayuntamiento respecto a la actividad de tres empresas que trabajan con graneles. A saber: Cesa SA, Alicante Port SL y Bergé Marítima. La primera conclusión es que no ha lugar la emisión de informes individualizados de la actividad de cada una de las empresas según el informe elaborado por la dirección general de Cambio Climático.
El jefe de área de Calidad Ambiental de la Conselleria explica que la carga, descarga, estiba, desetiba y trasbordo de mercancías se realiza en el muelle 17, «un muelle polivalente en el que van a operar diferentes empresas y no sólo los graneles sólidos, sino también con mercancía general e incluso contenedores.» Este hecho le lleva a concluir en primera instancia que, «el carácter público del muelle y no concesionado determinan que la titularidad de la instalación es de la Autoridad Portuaria». Es decir, «las medidas correctoras a adoptar para el ejercicio de actividades las debe realizar el propio Puerto y hacerlas llegar a las empresas, bien a través de los pliegos de prescripciones del Puerto, bien a través del Manuel de Buenas Prácticas Ambientales del mismo Puerto». Eso sí, sin perjucio de que la administración autonómica valore las propuestas de la Autoridad Portuaria. Y lo ha hecho.
La Conselleria no elude el fondo de la cuestión. El informe del jefe del área de Calidad Ambiental reconoce que ha sido el Puerto el que «ha construido y sufragado el coste de las medidas correctoras planteadas», y cita las «diversas pantallas contravientos artificiales y vegetales, lavarruedas para camiones, automatización de la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Ambientales, etcétera». Añade que, además, «se ha establecido un plan de autocontrol de las emisiones de partículas, así como mediciones periódicas por parte de una entidad colaboradora de la Administración en materia de calidad ambiental».
Con estos argumentos, la Consellera señala que, por una parte, no procede el informe individualizado de acuerdo con el artículo 52.3 de la Ley 2/2006 de la Generalitat Valenciana, para las diferentes empresas objeto de los expedientes, sino a la Autoridad Portuaria, titular de la instalación». Y por otro lado, concluye: «Visto que el Puerto de Alicante ya ha adoptado una serie de medidas correctoras para disminuir la emisión de partículas, medidas que se estiman adecuadas a falta de comprobar los resultados del plan de vigilancia, procede informar favorablemente los expedientes de las tres actividades».
La única advertencia que apunta es la siguiente: «Si del plan de vigilancia se desprendiese la necesidad de adoptar nuevas medidas correctoras, la Autoridad Portuaria deberá ponerse en contacto con la dirección general para el Cambio Climático al objeto de consensuar dichas medidas».
