No es agradable que el nombre del Hércules ande de boca en boca y no precisamente por la alegría del ascenso, sino por las dudas que se han sembrado sobre la legitimidad de su vuelta a la División de Honor. Lo ideal sería que los deseos de los comerciantes alicantinos se hicieran realidad. Exigen que cese cualquier actividad que dañe la imagen del club. El colectivo que preside Pedro de Gea agrupa a 23 asociaciones y a un total de 3.000 pequeños y medianos empresarios.
No les van a hacer caso y sospecho que hay 'caso Hércules' para rato. No digo que vaya a ser por culpa de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, pero ambos organismos están mostrando un interés extraordinario para que las grabaciones que implicarían al presidente del Hércules en la posible compra de tres partidos y de un portero sean entregadas al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a la Federación Española de Fútbol (FEF) por el juez José Luis la Fuente.
Decía yo ayer que me identifico con el juez cuando justifica su negativa a entregar las grabaciones «para proteger el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones», secreto que se habría conculcado pinchando el teléfono de Ortiz. El pinchazo exclusivamente estaba autorizado para los asuntos relacionados con el 'caso Brugal'.
El fiscal jefe de la provincia, Juan Carlos López Coig, sostiene, entre otras cosas, que es inconstitucional no perseguir el 'fraude' del Hércules y que «lo que protege la norma constitucional es la comunicación y no lo comunicado». ¿Acaso no es inconstitucional tener más de cuatro millones de parados? ¿Es constitucional que miles de españoles carezcan de una vivienda digna? ¿Llevarán la Fiscalía y la Abogacía del Estado a los tribunales al Gobierno por los parados y los sin techo? Por otro lado, ¿puede sostenerse que lo que protege la norma constitucional es la comunicación y no lo comunicado? Suena a falacia total.
La ley tiene que ser igual para todos. Quienes imparten justicia son los jueces y no la Fiscalía ni la Abogacía del Estado. Si el Código Penal no persigue, de momento, la infracción administrativa que se atribuye al presidente Ortiz, que dejen de marear la perdiz y de darle vueltas (la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el CSD y la FEF) al caso del Hércules, que, en el peor de los supuestos, tiene precedentes. 'Nihil novum sub sole' (nada nuevo bajo el sol), por lo menos hasta diciembre.
