El ex alcalde de Polop de la Marina, Juan Cano, acusado del asesinato de su antecesor, Alejandro Ponsoda, quedó ayer en libertad tras pagar una fianza de 20.000 euros. Y sus primeras palabras a la prensa fueron para reiterar su inocencia e instar a los investigadores a que capturen a «los verdaderos culpables».
Sobre las ocho menos veinte de la tarde, tras ocho meses de un cautiverio que él califica de «injusto y humillante», abandonaba el recinto penitenciario acompañado por su mujer y su hija.
También quisieron arroparle varios amigos, entre ellos la ex edil de su grupo, el PP, Pilar Villanueva, que dimitió por diferencias con la actual alcaldesa, María Dolores Zaragoza.
Pese a su larga estancia en prisión, Cano presentaba un buen aspecto físico y, sobre todo, una gran entereza anímica. De hecho, no tuvo ningún reparo a la hora de pararse ante los medios para explicar que se encontraba bien, aunque la experiencia, dijo, ha sido «humillante, no por los funcionarios, que se han portado estupendamente, sino por la situación en sí».
«Espero que se esclarezca cuanto antes todo esto y encuentren a los verdaderos culpables de los hechos. Yo tengo más interés que otros», remachó el imputado.
Cano se enteró el pasado miércoles de que iba a salir en libertad. Preguntado acerca de si aspira a regresar al sillón de la Alcaldía, se mostró cauto y prefirió obviar de momento esta posibilidad. Según explicó, su propósito más inmediato es dedicar tiempo en libertad a su familia.
Como ya publicó este diario el pasado jueves, la juez que investiga el crimen de Ponsoda, María Antonia Raedo, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Villajoyosa, decidió repentinamente variar el criterio que venía manteniendo y se planteó las excarcelaciones bajo fianza de todos los sospechosos. Lo hizo al comprobar que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial le estaba enmendando la plana al fallar sobre los recursos de apelación contra sus resoluciones.
Ya sea en primera instancia o por decisión de un tribunal, lo cierto es que la salida de prisión de tres de los imputados -el propio Cano, el dueño del club de alterne Mesalina, Pedro Hermosilla, y el empresario zapatero Salvador Ros- deja al desnudo la debilidad de las pruebas existentes en el sumario. La principal es el testimonio de un testigo protegido, un portero del mencionado burdel, antiguo mercenario en África, que rechazó inicialmente el encargo de liquidar al alcalde de Polop según su propia declaración.
Los abogados de la defensa han atacado durante la instrucción del caso la credibilidad de ese testigo, fundamentalmente con el argumento de que antes de revelar lo que sabía a la Guardia Civil se había enfrentado con Hermosilla en una demanda laboral.
Actualmente, siguen entre rejas los presuntos sicarios checos Radim Rakowski y Robert Franek porque no han logrado reunir los 20.000 euros de fianza que les ha impuesto, como al resto, la magistrada. Ayer mismo, los abogados de otros dos sospechosos, Raúl Montero Trevejo y Ariel Gatto, presentaron sendos escritos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de La Vila para obtener el mismo trato en relación a sus clientes. El primero de ellos, sin embargo, continuará preso aunque pague la fianza porque fue condenado recientemente a seis años de cárcel en la Audiencia por narcotráfico y tenencia ilícita de armas.
