Las intervenciones telefónicas del 'caso Brugal' han revelado indicios de que el Hércules intentó comprar supuestamente a todo el Córdoba por 300.000 euros. Esos contactos se habrían establecido en las altas esferas de ambos clubes, entre directivos, pero no habrían fructificado, por lo que los responsables del conjunto alicantino habrían optado por pagar 100.000 euros al portero del equipo andaluz, Raúl Navas, según fuentes próximas a la investigación.
Las reacciones a este escándalo deportivo se demoraron ayer un tanto pero acabaron por caer en cascada. Desde la concentración de su equipo, Navas retó a quienes están «manchando» su nombre a probar las acusaciones. «A ver quién es capaz de demostrarlo», dijo a ABC.
El presidente del Córdoba, como ya hiciera en el pasado con otro de sus jugadores, Ceballos, salió en defensa del guardameta y del resto de la plantilla: «No hay nada que investigar. Confío plenamente en mis jugadores».
La historia puede convertirse en un auténtico culebrón de verano. El juez José Luis La Fuente, responsable de la investigación, archivó el pasado martes la causa penal que había incoado días después de que se la remitiera el instructor del 'caso Brugal' al constatar que la compra de partidos no será delito en España hasta finales de año, cuando entre en vigor el nuevo Código Penal.
La Fiscalía expresó en un informe su conformidad con dicha decisión, pero solicitó al juez que informara de las actuaciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y al Consejo Superior de Deportes (CSD). Los hechos no revisten trascendencia penal, pero pueden suponer una vulneración de la Ley del Deporte, afectan a las apuestas deportivas y suponen un «perjuicio para otros equipos y sus aficiones», según el Ministerio Público. Uno de esos clubes perjudicados es el Betis, que luchó hasta la última jornada de la pasada liga con el Hércules por ascender a Primera División. Su consejo de administración celebra hoy una reunión en la que abordará el asunto. «No renunciaremos a nada que legítimamente nos pertenezca y si el Hércules ha incumplido la ley, debe pagarlo. Tomaremos cartas en el asunto y nos personaremos como parte afectada», adelantó Manuel Castaño, uno de los máximo accionistas del Betis y responsable de sus servicios jurídicos al diario Estadio Deportivo.
Por su parte, fuentes de la RFEF aseguraron desconocer todavía los hechos, pero precisaron que si el juez les envía un informe lo pondrán «de inmediato» en conocimiento del Comité de Competición, la primera instancia deportiva española para tratar estos asuntos. De ahí el caso podría ir al Comité de Apelación y, en un último lugar, al Comité Español de Disciplina Deportiva, dependiente del Consejo Superior de Deportes.
Por el momento, el juez La Fuente Yanes no ha respondido a la petición de la Fiscalía. Según las fuentes de la investigación consultadas por este diario, los 'pinchazos' telefónicos al dueño del Hércules, Enrique Ortiz, no sólo destapan el presunto soborno al jugador del Córdoba, sino otros intentos de amaño que no llegaron a buen puerto.
