El presidente del Consejo General de los Colegios de Economistas de España, Valentí Pich, reclamó ayer que no se penalice a las empresas en dificultades que solicitan un aplazamiento o fraccionamiento de sus pagos a la Administración, con el fin de no agravar su situación y su capacidad de recuperación y viabilidad. «Lo que deben hacer ahora las administraciones públicas es ayudar a facilitar la vida a las empresas», añadió.
Pich participó ayer en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx en el Foro Concursal de Profesionales, organizado por el Colegio de Economistas de Alicante, y al que asistieron más de 250 profesionales. Durante toda la jornada, los asistentes debatieron el funcionamiento de la Ley Concursal de 2004, que regula los concursos de acreedores (antiguas suspensiones de pago), cuya reforma debate actualmente el Parlamento, tras una ligera modificación realizada el año pasado. Los economistas piden ser escuchados para aportar sus sugerencias.
Pich recordó que las empresas que piden un aplazamiento de pago a Hacienda o la Seguridad Social, además de cumplir con «múltiples requisitos», deben pagar un recargo del 5% sobre el importe de sus cargas administrativas.Este recargo «no parece lógico», si lo que se pretende es «ayudar a las empresas que son viables».
El decano del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, señaló que Ley Concursal, responsable de regular los procedimientos judiciales que tratan de buscar una salida viable para las empresas en crisis o solucionar su liquidación y el cobro de las deudas, ha funcionado «bastante bien». Pero apuesta por «mejorar determinados aspectos», como «acortar» los plazos del concurso de acreedores. De este modo, se pretende que el deterioro de los activos de las empresas que se someten a estos procedimientos judiciales sea mínimo.
En la actualidad, desde que se inicia el procedimiento concursal hasta que se resuelve la liquidación de la mercantil pueden pasar de dos y medio a tres años. Menargues considera que lo ideal sería que la fase común, el procedimiento inicial del proceso, pudiera realizarse en un año, con lo que en caso de ser viable la empresa, su continuidad no se vería tan comprometida.
En este sentido, el miembro del Consejo Directivo del Registro de Economistas Forenses (Refor) Antonio Rodríguez, destacó la necesidad de conferir «más poder de decisión» a los administradores concursales para determinar en la primera fase del concurso si una empresa es o no viable. «Así sería más fácil reflotar las empresas viables y liquidar las que no lo son antes de que se deteriore su situación». Rodríguez lamentó las dificultades que encuentran las empresas para lograr aplazamientos de pago de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, aunque añadió que la situación está mejorando.
En cuanto a los datos de la provincia de Alicante, durante los primeros cinco meses de este año el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado 108 concursos de empresas, mientras que en 2009 la cifra alcanzada en el primer semestre fue de 226.
