Los Gregory han caído en desgracia. El nombre de esta familia de empresarios, propietarios del Grupo Autisa, se ensombrece en la misma medida que la inusual fianza impuesta ayer por un juez a los hermanos Rafael y José Vicente para eludir la prisión: 100.000 euros por barba, según fuentes próximas a la investigación.
El magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado de Instrucción 5, les ha imputado por delitos de falsificación, apropiación indebida y estafa debido a los indicios que apuntan a que cometieron un fraude millonario.
La operación ha sido desarrollada por especialistas en delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Sus agentes arrestaron el pasado martes a Rafael, José Vicente y al padre de ambos, José Gregory y Seguí, que es el presidente del conglomerado empresarial dedicado a la venta y servicios de vehículos industriales.
El primero de ellos ocupa también la presidencia del patronato de la Fundación del Hércules C.F., Enrique Ortiz, máximo accionista del club, apeló a la presunción de inocencia del encausado antes de conocer la decisión del juez.
Aunque las diligencias han sido declaradas secretas y existe un gran hermetismo en las fuerzas de seguridad, ha trascendido que las detenciones son consecuencia de la denuncia presentada contra ellos por una empresa financiera radicada en la Comunidad de Madrid.
Los responsables de Autisa habrían suscrito con esa entidad diversos créditos para la adquisición de camiones y vehículos industriales que supuestamente traspasaron a terceras personas de forma fraudulenta sin haber hecho frente a las deudas contraídas.
El fraude se eleva a varios millones de euros. De ahí la elevada cuantía de la caución impuesta a cada uno de los hermanos Gregory. Mientras, la UCO interrogaba y dejaba después en libertad al presidente de la mercantil, José Vicente y Rafael eran conducidos por un vehículo camuflado de la Guardia Civil a los Juzgados de Benalúa.
Pasadas las cinco de la tarde, el coche abordó a una velocidad considerable la rampa que da acceso a los calabozos, tanta que casi se lleva por delante a los fotógrafos que esperaban su llegada. Va pareciendo ésa, irrumpir en escena de forma peliculera, una práctica habitual en los agentes de la unidad central de la Benemérita, que tiene su sede en Madrid. Los reporteros gráficos lo han sufrido también en el caso del crimen de Polop.
Con camisa gris y pantalón negro, cara circunspecta, Rafael fue el primero en comparecer ante su señoría. Su declaración, según fuentes presenciales, fue tremendamente farragosa y larga. Hasta después de las nueve no le tocó el turno a su hermano. El magistrado y la fiscal de guardia les preguntaron por diversas operaciones crediticias y transacciones relacionadas con la compra y venta de camiones. Les exhibieron documentos y les preguntaron por las cuentas y bienes del grupo empresarial. Pasada la medianoche, el juez Tejada decretó prisión preventiva para ambos eludible si pagaban sendas fianzas, que la Fiscalía había cuantificado en 100.000, aunque al cierre de esta edición no se había firmado el correspondiente auto judicial.
Su página web describe al Grupo Autisa como «una de las más importantes corporaciones de venta y servicios de vehículos industriales de España». Destaca, asimismo, que la vinculación con la marca Renault Trucks «confiere un valor añadido de calidad» a todos sus vehículos.
Su «filosofía de trabajo» consiste en «estar al lado de los clientes», a los que asesoran no sólo en la adquisición de las máquinas, sino también en su financiación, precisamente el apartado que ha llevado a su cúpula directiva ante la Justicia.
El Grupo Autisa tiene una sede en el Polígono de las Atalayas que fue registrada por la UCO el pasado martes y otras mercantiles en Molina de Segura (Murcia) y Gandía (Valencia).
En su estructura figura también Logística Alicantina del Frío (LAF), una de las firmas nombradas en el sumario por el desfalco millonario registrado en Mercalicante. Según puso de manifiesto esa investigación, que sigue activa, las empresas Inver, Intercom e Intermark, arrendaron varias naves a través del ex gerente y principal imputado, José Emilio Clavero, y las subarrendaron a otras como LAF.
Estas operaciones supusieron un quebranto económico millonario a Mercalicante. El fiscal anticorrupción, Felipe Briones, sostiene además que una de las hijas del concejal Juan Zaragoza, sobre cuya imputación en el fraude debe decidir aún la Audiencia, trabajó en la citada firma del Grupo Autisa.
