Según el grupo municipal de Izquierda Unida, la Comunidad Valenciana figura a la cola en los diferentes estudios estadísticos que se han realizado sobre el grado de aplicación de la Ley de Dependencia. Concretamente dicen que se encuentra en el puesto 15 de 17posibles. Por eso tiene previsto presentar una moción al Pleno para que «se aplique sin demora y sin lesionar derechos la Ley de Dependencia en el ámbito de la Comunidad Valenciana».
Según IU esta situación que afecta a miles de familias, no cuenta con el compromiso solidario por parte de la administración valenciana para agilizar los expedientes y poner a disposición de la ciudadanía aquellas prestaciones que por derecho les corresponde.
El edil, Vicente Henarejos, recuerda que el periodo de aplicación de esta ley, aprobada en diciembre de 2006, con un periodo de vigencia entre los años 2007 y 2014. Por tanto señala que «nos encontramos a medio camino de su aplicación total, y creemos desde Izquierda Unida que es el momento de hacer balance, encontrándonos con diferentes situaciones que consideramos que es urgente modificar».
Las quejas mayoritarias de la población, indican, son las reclamaciones presentadas ante la Conselleria de Bienestar Social, como también ante colegios de abogados, Síndico de Agravios o el Defensor del Pueblo.
La reclamación más común es la excesiva duración de la tramitación, desde que se solicita la prestación hasta que se disfruta. Henarejos recuerda que hay una Orden de 2007 de la Consellería de Bienestar Social que regula el procedimiento, señalando que la aprobación y notificación, deberá producirse en un plazo de tres meses.
La segunda reclamación más demandada es sobre la fecha en que se adquiere el derecho. Los usuarios reclaman que sea desde que se inicia el expediente y la administración concede desde el momento en que éste se resuelve.
