Considera un privilegio trabajar y disfrutar de París, donde ejerce como embajadora de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cargo al que accedió en 2008 tras salir del Ministerio de Medio Ambiente. «He sido el rostro de la discordia», declaró aquellos días, asumiendo que había pisado muchos callos en su gestión al frente del agua y del medio ambiente, incluso dentro de su propio Gobierno y del PSOE. Cristina Narbona (Madrid, 1951) no desea entrar en polémicas ni reverdecer conflictos pasados, aunque sí rompe un silencio dos años después para hacer una retrospectiva de su gestión, que no considera un fracaso, y para pronunciarse a favor del Trasvase Tajo-Segura y de las desalinizadoras.
- Una persona que ha dejado en la Región de Murcia y en la Comunitat Valenciana tanta huella como usted en los temas relacionados con el agua y el medio ambiente, ¿con qué perspectiva ve ahora la situación desde la OCDE en París?
- Seguramente muchos no saben que la OCDE tiene una larga experiencia y prestigio en el análisis económico de los desafíos ambientales. Cuenta con más de 250 grupos de trabajo y comités que reúnen a expertos y a representantes de los 31 países miembros para analizar la economía, la ayuda al desarrollo, la lucha contra la corrupción y los paraísos fiscales, la educación, el cambio climático y el agua. Fue la primera organización internacional que afirmó que era mucho más costoso no tomar medidas para evitar el cambio climático que tomarlas, y que cuanto más tarde se abordara el problema, más dinero sería necesario.
- ¿Qué le hubiera gustado dejar terminado en el Ministerio?
- Durante mi etapa el Parlamento aprobó diez leyes promovidas por mi departamento sobre cuestiones fundamentales en materia ambiental. También participamos activamente en otras como la Ley del Suelo, que es imprescindible para combatir la especulación. Algunas de esas leyes están transformando en España la consideración de los desafíos ambientales y la destrucción de los ecosistemas. Si tengo que seleccionar algún hito del que estoy especialmente satisfecha, escogería la creación de la Fiscalía especial para el Urbanismo y el Medio ambiente. Lamento, en cambio, no haber llevado a término la reforma de la Ley de Agua. Siempre se comenten errores…
- ¿Se mantiene en sus ideas y propuestas de la anterior legislatura sobre el 'no' al Trasvase del Ebro y el 'sí' a la desalinización?
- El Trasvase del Ebro sigue descartado, y sigo considerando que las alternativas que garantizan agua para siempre, llueva o no llueva, son las que se están desarrollando: mejora de la eficacia de los regadíos, depuración y reutilización de aguas adecuadamente tratadas, gestión sostenible de los acuíferos y desalinización. España está actualmente a la cabeza del mundo en tecnologías eficientes y de bajo impacto.
- Hasta ahora, el Programa Agua no ha alcanzado los objetivos que se había marcado sobre la producción de agua desalinizada. Está en unos 80 hectómetros reales. ¿Lo considera un fracaso?
- En realidad, la cantidad de agua desalinizada potencialmente disponible es ya un 50% superior a esa cifra; otra cosa es cuánta se utiliza. En todo caso, el objetivo prioritario durante la anterior legislatura fue no cerrar el grifo, y eso se consiguió, a diferencia de lo sucedido en periodos de sequías anteriores de menor envergadura.
- En el Partido Popular y en los gobiernos de Murcia y Valencia se argumenta que el Tajo-Segura está en peligro a causa de su gestión por la derogación del Trasvase del Ebro.
- Eso es ridículo. Los costes y beneficios de cada trasvase, como de cualquier obra hidráulica, tienen que ser individualmente analizados. Nunca ha habido una posición 'dogmática' por mi parte en relación con los trasvases. Ahí está, como prueba, las cantidades trasvasadas desde el acueducto Tajo-Segura durante el periodo de sequía más grave registrado en España, o las obras del Júcar-Vinalopó realizadas en su mayor parte durante la anterior legislatura.
- Ahora se está en plena negociación del Estatuto de Castilla-La Mancha, que plantea reivindicaciones sobre el agua del Tajo. ¿Qué opina de estas pretensiones?
- No considero adecuado plantear la caducidad de este acueducto. Es algo que siempre he defendido. Me reafirmo en que no es idóneo incluir o plantear la regulación del Trasvase Tajo-Segura dentro de un Estatuto de autonomía. El Trasvase Tajo-Segura es una cuestión de Estado.
- ¿Cómo se ven los trasvases y la política general del agua desde su observatorio de la OCDE?
- La OCDE desarrolla varios trabajos sobre política del agua, donde se pone el énfasis en la racionalidad de asignar un precio al agua y de recuperar la totalidad de los costes, incluidos los ambientales, de las infraestructuras, aceptando como excepción temporal las subvenciones a determinados colectivos cuando están bien justificadas. Son los mismos principios que recoge desde el año 2000 la Directiva Europea del Agua.
-¿Generaba usted miedo e inquietud en sectores tradicionales ligados a la economía, por cuanto postulaba una nueva política verde que rompía muchos esquemas?
- Lo de 'miedo' e 'inquietud' me resulta exagerado. Yo diría discrepancias, muy entendibles, desde intereses particulares muy ligados al modelo económico, cuya debilidad se ha puesto precisamente de manifiesto con la actual crisis.
- Desde su atalaya de embajadora en la OCDE tendrá un pronóstico . ¿Sigue España en el furgón de cola de la recuperación?
- Hace pocas semanas, el secretario general de la OCDE afirmaba en Madrid que el principal desafío de la economía española se resumía en esta frase: «Menos ladrillos y más cerebros». Y añadía que la Ley de Economía Sostenible apuntaba en la dirección correcta. La OCDE ha apoyado todas las demás medidas emprendidas o anunciadas por el Gobierno, incluida la subida del IVA. El aumento de los impuestos indirectos es la mejor opción, junto con la austeridad, para reducir el déficit público, que en España guarda relación con la drástica caída de los ingresos públicos ligados a la 'burbuja inmobiliaria'. En cuanto al tiempo que tardemos en salir de la crisis, hay una responsabilidad colectiva, de todos los niveles de la Administración.
-¿Hay que tomar medidas frente al empuje de las economías de Asia, principalmente China e India? ¿Hay que mantener ciertos márgenes de proteccionismo?
-China se ha convertido en una gran potencia económica porque invierte en I+D+i tanto como EEUU y la UE juntos; pero también porque sus salarios están muy alejados de lo que en los países de la OCDE consideramos imprescindible. El gran reto es construir una gobernanza internacional que impulse la innovación y garantice, al mismo tiempo, los derechos básicos y el bienestar de todos los ciudadanos del planeta, los que viven hoy y los que vivirán mañana. Ello requiere un inmenso esfuerzo de cooperación y de liderazgo político para que la economía global no esté al servicio de los intereses de una minoría y se puedan reducir las desigualdades sociales y el deterioro ambiental a escala planetaria.
-¿Hemos vividos estos años en una burbuja que puede volver a repetirse? ¿Qué estamos aprendiendo de esta crisis?
-Creo que ha quedado de manifiesto a dónde ha conducido, en todos los países de la OCDE, la desregulación y ausencia de supervisión del sistema financiero, que han provocado un exceso de endeudamiento de empresas y de familias, y por lo tanto de costes trasladados ahora al sector público. A ello hay que añadir, en el caso de España, el espejismo de la riqueza fácil y rápida asociada a la construcción masiva de viviendas. El 'Murcia no se vende' era una reivindicación ciudadana, muy acertada, ante la especulación y la pérdida del patrimonio común. Espero que hoy esto se comprenda mucho mejor.
