El 20 de diciembre de 1998, de madrugada, las calas de la Coveta Fumá, en El Campello, fueron escenario de un espectacular despliegue de la Guardia Civil. El objetivo de loas agentes del Grupo de Investigación Fiscal y Antidroga (GIFA) era un lujoso chalé bautizado como Aguamarina y enclavado en el número 58 de la Avenida de América. En un sótano habían sido almacenados 9.300 kilos de hachís, el mayor alijo de esta sustancia descubierto hasta entonces en la Comunitat Valenciana. La operación se saldó inicialmente con 34 detenidos, en su mayoría porteadores contratados por la organización para descargar la droga. Actualmente, pese al tiempo transcurrido, ese caso duerme el sueño de los justos en una estantería de la Audiencia Provincial sin fecha prevista para el juicio.
«Va a ser muy difícil poder celebrarlo», explica a este diario una funcionaria. Algunos de los abogados no aparecen localizables y quién sabe dónde paran ahora gran parte de los procesados. Todos se encuentran en libertad provisional. Dieciocho de ellos s fueron excarcelados días después de su arresto tras pagar una fianza de medio millón de pesetas (3.000 euros) al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de San Vicente del Raspeig, que tramitaba las diligencias.
El de la Coveta Fumá es el caso más grave y antiguo de narcotráfico pendiente de juzgar. Entre los 38 procesados figuran catorce magrebíes (argelinos y marroquíes) y una veintena de españoles. Pero también un polaco, un libanés y hasta un ciudadano argentino.
La Fiscalía Antidroga de Alicante solicita provisionalmente para los acusados penas de seis años de cárcel. El escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este diario, está fechado en 1999, por eso las multas que insta el fiscal a imponer a los reos están expresadas en pesetas, en concreto 4.000 millones, que equivale más o menos al valor del alijo intervenido.
En cualquier caso, las condenas que pide la acusación pública se quedarán en agua de borrajas en el caso de que la vista oral, que podría prolongarse un mes, pudiera finalmente llevarse a cabo. El enorme tiempo transcurrido desde la fecha de la operación policial, nada más y nada menos que once años y tres meses, beneficia a los presuntos narcotraficantes. En caso de declararles culpables, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia debería aplicarles la atenuante de dilaciones indebidas, lo que podría dejar las previsibles condenas en unos meses de cárcel.
Eso es precisamente lo que ocurrió a principios de este mes con los cuatro acusados de desembarcar 2.255 kilos de hachís en el Barranco de Aguas de El Campello. Fueron detenidos hace siete años y se declararon culpables en la vista, celebrada en el Juzgado de lo Penal número 1 de Alicante.
A cambio, se marcharon libres con la pena más reducida de cuantas podía imponérseles: siete meses y medio de cárcel y multa de 2,7 millones de euros. Otros cuatro detenidos no comparecieron en el juicio porque nadie sabe dónde están y fueron declarados rebeldes.
Como ocurre con el alijo del chalé Aguamarina, el retraso en la tramitación de esas diligencias es atribuible en parte al colapso que padecen los Juzgados de San Vicente del Raspeig, que en aquella época también asumían los municipios de Sant Joan y El Campello, y a la interinidad y el paso fugaz de muchos de sus titulares.
La Fiscalía Especial Antidroga no hace diferencias en su escrito de acusación entre los 38 presuntos integrantes de esa red porque la investigación no ha podido determinar si alguno de ellos tenía un papel más destacado o una jerarquía superior en la organización a la del resto de sospechosos.
