Los promotores alicantinos y del conjunto de la Comunidad Valenciana se muestran «radicalmente en contra tanto en el espíritu como en la forma» de la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV), que pretende unificar en un articulado mucho menor las tres principales normativas sobre desarrollo territorial: la propia LUV, la Ley de Ordenación del Territorio y la Ley de Suelo No Urbanizable. El plazo de alegaciones se cierra el próximo lunes y los promotores ya las han presentado, según explicó ayer a este diario el gerente de la patronal alicantina Provia, Jesualdo Ros, que preside Francisco Murcia Puchades, a su vez presidente de Feprova (Federación de Promotores de la Comunidad Valenciana).
El escrito de alegaciones, que ya está en posesión de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Territorio y Vivienda, es prácticamente el mismo en las tres patronales territoriales de promotores.
«Hemos pasado, como ocurre con un péndulo, de una situación de agilidad administrativa en la tramitación de suelo urbanizable a un extremo totalmente opuesto», explica gráficamente Ros. De hecho, los técnicos de la patronal de promotores aseguran que «ahora se reserva el control total a la Administración, tanto autonómica como local, y ésta no tiene recursos suficientes», en alusión a los ayuntamientos. Van más allá los empresarios de la promoción inmobiliaria, ahora que empezaban a ver la luz tras despojarse, al menos en el caso de Alicante, de más de la mitad de los 50.000 pisos nuevos en 'stock' que han acumulado en los últimos tres años debido a la recesión. «La nueva ley refundida fomenta las irregularidades», añade Jesualdo Ros.
La relación entre el sector y la Generalitat Valenciana se ha tensionado sobremanera. Pudo verse y oírse públicamente el pasado jueves. Fue en los salones de la patronal alicantina Coepa y en presencai del jefe del Consell, Francisco Camps, y de los vicepresidentes de Medio Ambiente, Juan Cotino, y Economía y Empleo, Gerardo Camps.
En esa cita, una de las intervenciones más sonadas sobre la crisis económica y los planes para combatirla fue la del presidente de Feprova y Provia, el promotor benidormí Francisco Murcia Puchades. Según él, la ley hace descansar toda la actividad urbanística en la mayor o menor agilidad burocrática de los ayuntamientos. El jefe del Consell, Francisco Camps, se limitó a responderle a Murcia Puchades que presentara las correspondientes alegaciones al borrador de la nueva Ley (conocida como Ley Impulso en la web de la Conselleria de Medio Ambiente). Cotino no tomó la palabra, según los muchos testimonios recogidos por este diario.
El debate se produjo justo antes de que la patronal Coepa reclamara a Camps más agilidad e inversión en la aplicación de todos los planes económicos y estratégicos que se han presentado en los últimos meses y también antes de que el propio Camps dibujara un escenario muy optimista sobre la economía alicantina tras decir que «Alicante es paradigma de crecimiento y empleo».
Feprova y Provia aseguran que la nueva ley refundida no cumple ninguno de sus tres ejes principales. A saber, impulsar, agilizar, simplificar y felixibilizar las tramitaciones urbanísticas; adecuar la legislación urbanística valenciana a la normativa estatal y comunitaria y armonizar el desarrollo urbanístico con la sostenibilidad medioambiental.
El principal punto de discrepancia es la supresión de la figura del agente urbanizador, que en los últimos años ha sido muy polémica pero ha permitido agilizar la creación del denominado suelo finalista (listo para construir).
