La Plataforma de la Defensa de la Ley de la Dependencia en la Vega Baja acusó ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de «falta de compromiso» y de empeñarse «en no desarrollar esta norma» en la Comunidad Valenciana. Asimismo critican al conseller Juan Cotino de no hacerlo bien a este respecto «aunque su familia gestiona el 65% de las residencias de la Comunidad», algo que consideran, «no es de recibo». Aseguran que la nueva consellera, Angélica Such, es más de lo mismo», por lo que proponen en una carta que se pongan en marcha.
Así, exigen que se pague la retroactividad desde que se presentaron las solicitudes de dependientes, que se pague a los familiares de los fallecidos así como que se resuelvan los expedientes en trámite por la vía de urgencia, así como que se normalicen los pagos de los que ya perciben la ayuda «puesto que no es una limosna, es un derecho». A fin de cuentas lo que se solicitan es que se cumpla la ley y consideran necesario que el jefe del Consell la agilice en todos los departamentos de los que depende.
No obstante las críticas de esta plataforma no sólo están dirigidas al ejecutivo autonómico, sino también al nacional. Desde la Plataforma indican que sólo la Comunidad valenciana «no recibe la aportación del Ministerio de Política Social» y añaden que intentan saber lo que se debe desde el Gobierno a la Comunidad. Para ello solicitaron una reunión a la ministra Trinidad Jiménez en abril de 2009 sin que los haya recibido. En ella le querían preguntar si se destina el dinero que corresponde.
